Participación de funcionarios en campañas abre la puerta a normalizar ilegalidades

Este lunes continuó el terremoto político que provocó la asistencia de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, a mítines organizados por Morena durante el fin de semana, en los que hizo un llamado a participar en la consulta de Revocación del Mandato y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisamente el presidente, durante la conferencia de prensa matutina, ironizó sobre el tema y pidió que las “autoridades competentes” investiguen, para posteriormente aclarar que Adán Augusto “no es precandidato” ni tiene aspiraciones presidenciales.

“No se confundan. Él no está haciendo campaña para ese propósito. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, con la tranquilidad. Que no tuviese su agenda, sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado”, dijo AMLO.

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Este lunes, el partido Acción Nacional demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar y sancionar al secretario de Gobernación “por romper el orden constitucional y desviar recursos públicos para fines privados y partidistas, además, por exhibir a la Guardia Nacional como uno más de los instrumentos electorales del gobierno”.

En Coahuila, López Hernández dijo no sentirse preocupado ante una eventual sanción. “No se preocupen por los del INE. Esos ya se van porque viene la reforma electoral y ahora el pueblo va a elegir a los consejeros y a los magistrados. México va a ser el primer país del mundo donde ustedes elijan a quienes deben organizar y conducir las elecciones y juzgarlas”, sostuvo López Hernández.

En un momento, López Hernández reveló cómo le respondió AMLO al saber que estaría en el evento. “A mí no me da pena. Cuando le platicábamos ‘a ya saben quién’ que íbamos a venir aquí a apoyar ‘ya saben qué’, se me quedó viendo y me dice ‘te van a querer correr los del INE’, y le digo ‘no se preocupe, si me corren, voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador’”.

4 PREGUNTAS CON

José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

¿Por qué ha causado tanta polémica la intervención del secretario de Gobernación en actos de campaña?

— Esto es desastroso por conceptos muy simples y concretos. Por un lado, la violación genérica y amplia de la ley ya ocurre a todos los niveles. No nada más es el presidente de la república, son todos sus empleados en el primer círculo del Ejecutivo, pero de una manera no sé si desvergonzada o -todavía peor- cínica.

Es una forma de hacernos sentir que cualquier servidor público puede actuar de una manera completamente contraria a la ley, a sabiendas de que tienen a un jefe que les ha dado el ejemplo de cómo deben de actuar. Hasta este momento no hay ningún precedente y ningún procedimiento por parte de los órganos internos de control, ni mucho menos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que se esté ventilando algún tipo de procedimiento de responsabilidad administrativa.

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Además, está el silencio de los partidos políticos de oposición y su total ausencia en la discusión sobre los servidores públicos en materia de responsabilidad y todos los atropellos que se han dado a la ley. Lo del fin de semana será un paso más, porque todo esto no se va a detener aquí.

¿A quién le corresponde y cuál tendría que ser la ruta para las respectivas sanciones administrativas?

Para que se logre esta imparcialidad que debería existir en el gobierno, o que debió de existir porque es lo deseable en un país que vive bajo el mandato de la Constitución y de las leyes que emanan, debe de haber un auténtico Estado de Derecho.

Para hablar de las responsabilidades administrativas tenemos que ver el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala -de forma muy breve- que cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión es servidor público. El secretario de Gobernación es un servidor público.

De ahí nos saltamos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ella viene la descripción de actividades que le corresponden a cada secretaría de Estado y concretamente a los titulares de las Secretarías de Estado. En el artículo 27 de tal ley señala que a la Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana -salvo en materia electoral-, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que en los términos de la Constitución y las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática.

Si vemos actividades de un titular de la Secretaría de Gobernación como las del fin de semana, por supuesto que no hubo nada de eso. Y no es una ocurrencia, es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una ley secundaria de la Constitución en materia de servidores públicos.

Después del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, viene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuyo Artículo 7 habla de la efectiva aplicación de los principios de honestidad y probidad en el servicio de los servidores públicos. Aquí se observan las siguientes directrices: actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que se atribuyen a su empleo, cargo o comisión por lo que deben de conocer y cumplir las disposiciones que regulan sus funciones y facultades.

El secretario de Gobernación nada tiene que estar opinando sino, al revés, debe conducir y contribuir a la conducción de esas buenas y sanas relaciones. No se puede desprender. Es imposible quitarse el saco de “secretario de Gobernación” y decir que hizo los comentarios a título personal porque él estaba en ese evento en calidad de ser titular de Gobernación.

Entonces, a quien le corresponde iniciar el procedimiento contra un servidor público es al Órgano Interno de Control, porque independientemente de que sea desde el Presidente de la República hasta cualquier funcionario en el peldaño más humilde en nuestro sistema jerárquico administrativo, todos terminan siendo servidores públicos y los órganos internos de control precisan de la obligación de iniciar todo tipo de procedimientos que tenga que ver con faltas u omisiones que fueron ocasionadas por un servidor público.

¿La actuación del Órgano Interno de Control es de oficio o depende de que haya denuncia?

Tanto los partidos políticos, como la ciudadanía pueden denunciar los actos y omisiones que cometan los servidores públicos. En un escenario ideal, si el jefe del secretario de Gobernación es el Ejecutivo Federal, pues incluso él podría haber solicitado o debería de solicitar ante el órgano interno de control iniciar con el procedimiento. Nosotros también, a través de nuestros representantes. La Cámara de Diputados puede informar al Ejecutivo federal y el presidente tiene instrucciones precisamente para que se inicien los procedimientos, primero de conocimiento y en su momento -si es que así fuera determinado por el orden interno de control- las sanciones que se aplicarían.

Rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, ¿qué escenarios podemos esperar en cuanto a funcionarios públicos participando en campañas y violando vedas electorales?

Probablemente los escenarios más perversos, en el sentido de que las acciones permanentes que realicen servidores públicos significa que nosotros los gobernados estaremos bajo un total estado de indefensión y de falta de certeza jurídica frente a los servidores públicos y frente a un estado de falta de legalidad, de cuidado y de escrutinio en la manera de realizar el servicio público.

¿Hasta dónde vamos a llegar? Probablemente hasta lo más básico: que únicamente se respeten aquellos puntos que así lo quieran hacer estos actores políticos. Hasta ahorita no existe ninguna denuncia en contra de un servidor público. Bueno, sí existen, pero sin proceso de responsabilidad administrativa.