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Las dependencias gubernamentales con más funcionarios inhabilitados, entre enero de 2013 y el mismo mes de 2022, son la extinta Policía Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP): 174 y 98, respectivamente, de acuerdo con información del Sistema Nacional Anticorrupción.
En total, México registra mil 218 servidores públicos con inhabilitación vigente. Después de los dos mencionados, los organismos con mayor número de sancionados son Telecomunicaciones de México –97–, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) –79– y Comisión Federal de Electricidad –51.
La Policía Federal fue el ente con más funcionarios inhabilitados en tres años de dicho lapso: 2013 con 72, 2015 con 33 y 2016 con 23. Sin embargo, el ISSSTE es quien más veces apareció en la cima de la lista anual: 2017 con 29, 2018 con 11, 2019 con cinco y 2020 con siete.
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Hay una cifra negra de penalizaciones que no se conoce, la cual se conforma por todos los procesos aún en trámite de resolución, señaló en entrevista Jaime Hernández Colorado, secretario técnico del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara.
Tantos inhabilitados en la Policía Federal es “como poner a cuidar la cárcel a los ladrones”, aseveró el especialista. Y agregó que, en ocasiones, algunos funcionarios sancionados en el ámbito federal se van al sector local, pues nada les impide laborar ahí.
Respecto a la SEP, en 2013 fue cuando más servidores públicos castigó con la imposibilidad de laborar para el gobierno federal, 26 casos; el segundo fue 2014 con 22 sanciones, y el tercero 2017 con 15.
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En las causales de las referidas penas destaca la negligencia administrativa, debido a que registra 761 eventos. También sobresalen abuso de autoridad –189–, violación a las leyes y normatividad presupuestal –99–, cohecho o extorsión –73– y violación a procedimientos de contratación –58.
Por el contrario, los motivos con menor cifra de inhabilitaciones son incumplimiento en declaración de situación patrimonial –29–, ejercicio indebido de sus funciones en materia migratoria –7– y violación a los derechos humanos –1.
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Actualmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los lineamientos para sancionar a los servidores públicos que incurran en faltas, las cuales se dividen en no graves y graves; estas últimas son acreedoras de la inhabilitación –temporales o permanentes, según sea el caso.
Previo a 2017, la legislación encargada de lo anterior era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en 2016 se decretó su abrogación.
