La reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Créditos que avalaron todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados provocó pronunciamientos en cascada por distintos sectores de la población mexicana, quienes señalan que se brinda recursos económicos ilimitados a tareas de seguridad pública.
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La iniciativa refiere que solo se cambiará la forma en cómo se empleará el dinero en cuestiones de seguridad pública, ya que la ley actualmente dispone que las cuentas que estén inactivas por más de tres años —cuyos montos oscilen entre 50 mil a 300 mil pesos— pasan a formar parte de una cuenta central para distintos usos.
Sin embargo, tras la aprobación, académicos y distintos sectores de la población se pronunciaron en contra este dictamen, pues afirmaron que esto es un nuevo financiamiento que se les brinda a las dependencias de seguridad pública.
Salvador Mejía, coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., reprochó la medida que avalaron los diputados federales y aseguró que la aprobación de esta medida se dio sin conocer los alcances reales de lo que implicará.
“La iniciativa tiene varias incongruencias, pero una certeza: el dinero sería para la Guardia Nacional. Técnicamente sostiene que el dinero que está en cuentas sin actividad es de la delincuencia”, dijo en sus redes sociales.
Mientras que Carlos López Jones, director de consultoría y emisión de deuda, precisó que disponer de las cuentas bancarias “abandonadas” para el fortalecimiento de policías es un sin sentido, pues se debió, en todo caso, dirigir este dinero a otros sectores que tienen más carencias.
“¿Por qué no mejor al Sector Salud, o Telecomunicaciones para tener internet universal en todo el país? Me parece una aberración sin sentido”, sentenció.
En su defensa, Carmen Rocío González Alonso, diputada del PAN, detalló que la iniciativa sugiere que el proceso que ya existe en materia de cuentas sin movimientos y sin reclamos por parte de cuentahabientes se amplíe, pasando de un monto de 30 mil pesos a 50 mil pesos, y que parte de los recursos se destinen a las instituciones de seguridad pública.
“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, agregó el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier.
Dato:
- Con esta medida esperan que se logre traspasar cerca de 10 mil millones de pesos al Estado, de acuerdo con la bancada morenista.
A considerar:
- La iniciativa que se aprobó en San Lázaro se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis, votación, y en su caso, aprobación.
