Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, afirmó que los abogados de los militares que lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntamente falsificar documentos en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, solo quieren confundir y engañar a la sociedad, así como master la impunidad en este caso.
“Lamento que los abogados pretenden confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales. Los que me acusan son parte de quienes vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, detrás de ellos están quienes desean mantener la impunidad de este caso”.
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Los abogados representan a los cuatro militares detenidos por este hecho ocurrido en septiembre de 2014; sobre la acusación en su contra, Encinas afirmó que fue la FGR quien sustentó las imputaciones en contra de ellos, pues la comisión de la verdad que él encabeza no tienen carácter judicial para ordenar detenciones.
Por lo que fue un juez quien ordenó las aprehensiones y vinculaciones a proceso, pero también destacó que debe existir el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia, pero que las labores de la comisión no atentan contra ambos.
“Nosotros damos a conocer información de los hechos, no somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos a informamos a la sociedad de los avances, esto representa el cumplimiento de nuestras obligaciones.
“Pretender que garantizar el derecho de encontrar la verdad implica una violación a los derechos de los implicados es absurdo; sostener que además implica la comisión de delitos, es una aberración, quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos”.
Alejandro Encinas añadió que la comisión de la verdad emite opiniones que no son vinculantes, además de aportar elementos que resulten útiles para esclarecer la desaparición de los jóvenes, contrario a la intención de quienes quieren enturbiar el proceso fuera de los tribunales, así como de aquellos que han filtrado información de la investigación para poner en riesgo a los testigos o colaboradores.
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“Es únicamente el Ministerio Público de la federación quien conduce la investigación criminal de los hechos, valora y decide qué pruebas presenta para su judicialización. La FGR ha sustentado sus imputaciones en otros muchos elementos de prueba y el poder judicial ha resulto vincular a proceso a los militares; desafortunadamente, siguen arraigadas personas y prácticas del viejo régimen que deberían investigar con rigor e imparcialidad, pero que buscan dinamitar nuestra investigación y proteger a quienes por años han buscado mantener la impunidad”.
Finalmente, dijo que se presentó ante la fiscalía especial para este caso un alcance del informe preliminar con el análisis de 154 eventos que forman parte de su investigación.
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