La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por presuntamente cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando estuvo al frente de esa dependencia.
De acuerdo con la UIF, tras un análisis de riesgos respecto a las personas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers y de una declaración pública del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se determino investigar a Jesús Murillo Karam.
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El GAFI destacó que el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en paraísos fiscales tienen el objetivo de ocultar operaciones financieras ilícitas para esconder el posible origen ilícito de los recursos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros.
“Murillo Karam posiblemente está relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando se desempeñaba en su cargo”.
La empresa, de 2013 a 2015, consiguió licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de que en ese periodo el hijo de Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT, era secretario del Murillo, lo que levantó la sospecha de un sistema de contraprestaciones mutuas para beneficiar a la empresa familiar.
La UIF también detectó que la empresa presentó irregularidades en su constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. Fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos, lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.
También se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
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“Se identificó que en 2017 Jesús Murillo recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, de 2020 a 2021, colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
“En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera”.
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