La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reinició la discusión sobre si es inconstitucional o no la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), a propuesta del ministro Luis María Aguilar, quien planteó que se revise caso por caso si a un imputado se le debe dictar esta medida cautelar y que no sea en automático. Esto luego de que organizaciones defensoras de derechos humanos calificaran esta figura legal como violatoria y que perjudica principalmente a las personas con menos recursos económicos.
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Los ministros retomaron uno de sus últimos debates del año para declarar la inconstitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, el cual ha generado diversas opiniones a favor y en contra por asociaciones civiles e incluso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien alertó que en caso de que la SCJN desaparezca esta medida podría beneficiar a “los cuellos de blanco”.
Al hacer uso de la palabra el ministro Luis María Aguilar aseguró que la concepción de la prisión preventiva oficiosa debe entenderse como una pena adelantada y violatoria a los derechos humanos y señaló una serie de argumentos de por qué es inviable, incluso para las víctimas. Por ello, propuso establecer una interpretación para acotar la prisión preventiva oficiosa y que los jueces dejen de aplicarla en automático, sino que permitan un debate entre el ministerio público y la defensa sobre la necesidad de que el imputado permanezca privado de la libertad mientras se dicta sentencia.
Esto, agregó, al considerar que en México no se aplica de manera excepcional, como originalmente se concibe en la Carta Magna, lo que viola una serie de garantías individuales como el derecho a la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso, por mencionar algunos y que se acrecentan principalmente en personas de escasos recursos.
“Si se entendiera que la prisión preventiva oficiosa es automática se rompería con la presunción de inocencia, con el debido proceso legal, con la obligación de los jueces penales de justificar fundada y motivadamente sus resoluciones. los ilícitos fiscales no constituyen un atentado grave contra la seguridad de la Nación”, sostuvo el ministro ponente.
Mientras que la ministra Norma Lucía Piña precisó que, cuando se tratan de delitos de alto impacto, la prisión preventiva deja de ser oficiosa y se convierte en justificada. Y es que el nuevo proyecto presentado no implica la desaparición de la figura de la prisión preventiva por oficio. Tampoco significaría la liberación inmediata de las personas actualmente presas por esta razón, pues la declaratoria de invalidez no tendría efectos retroactivos automáticos.
A favor del proyecto con voto concurrente se pronunciaron González Alcántara Carrancá, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán, que con el voto de Aguilar Morales suman los primeros cuatro votos de los ocho necesarios para que la invalidez sea un hecho. Mientras que la ministra Yasmin Esquivel Mossa anunció su voto en contra de la invalidez propuesta por el ponente, esto al considerar que se busca de nuevo inaplicar la Constitución en el artículo 19 por medio de a interpretación.
Por su parte, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, dio a conocer —desde hace meses— que su postura es para que se elimine esta figura del sistema penal acusatorio, pues considera que la medida afecta principalmente a los más pobres y ha encarcelado a miles de personas que pierden años de su vida en prisión por falta de una sentencia.
La sesión de este 22 de noviembre fue suspendida, por lo que el Pleno de la SCJN continuará el debate sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa o automática durante la sesión del próximo jueves.
Piden desaparecerla
Al respecto, la organización civil Intersecta aseguró que esta medida, más allá de la discusión jurídica, se trata de una medida punitiva que “no cumple lo que promete y por la cual miles de personas son privadas de la libertad injustamente”. “La prisión preventiva oficiosa afecta el actuar de las fiscalías, pues en lugar de investigar, se priva a las personas de su libertad de manera automática”, precisó la organización civil.
La oenegé agregó que esta medida cautelar ha encerrado a miles de inocentes, pues en lo que va de 2022, se tiene un registro de 225 mil 628 personas privadas de la libertad en las cárceles del territorio nacional. De esta cifra, 41 % ha estado en prisión preventiva, es decir, 93 mil 227 personas han estado en la cárcel sin haber sido condenadas.
“La prisión preventiva no solo afecta directamente a las personas privadas de su libertad. También lo hace indirectamente con las personas que les visitan, les llevan alimento, agua y demás artículos básicos de los que carecen dentro de los centros penitenciarios. Esto por lo general representa una carga extra para las personas que tienen hijos, hijas u otros dependientes de quienes tengan que hacerse cargo”, sostuvo la ONG.
Con base en datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 muestran que la mayoría de las personas que se encuentran en prisiones mexicanas sin una sentencia son jóvenes. Aproximadamente el 54.1 % de ellas tienen menos de 35 años, dato que contrasta con la población adulta nacional, en donde el 39 % es menor de 35 años y aproximadamente el 30 % es mayor de 50 años.
A considerar:
- Los 11 ministros del Pleno de la SCJN retomaron la discusión iniciada en septiembre pasado, luego de que el ministro Luis María Aguilar Molares optó por retirar su proyecto y rehacer una nueva propuesta ante la falta de posiciones a favor del original ante diversas críticas de sus pares y organizaciones civiles.
- El nuevo proyecto, el ministro ponente propone una “interpretación conforme en sentido amplio” de la Constitución, para anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia, donde la medida cautelar no sea considerada automática.
- El Gobierno de AMLO se ha pronunciado varias en contra en contra de desaparecer esta figura, aunque aseguró que “es respetuoso” de lo que decida el máximo tribunal del país”.
Dato:
- 4 ministros se pronunciaron sobre el proyecto del ministro, Luis María Aguilar Morales sobre las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra una reforma impulsada en noviembre de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para adicionar tres delitos fiscales a la Ley de Seguridad Nacional y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: defraudación fiscal, contrabando y factureros.
- El ministro Luis María Aguilar aseguró que los delitos fiscales y otros considerados contra la seguridad nacional, no pueden ameritar prisión preventiva oficiosa y propone la inconstitucionalidad de esta norma, expresada en la Ley de Seguridad Nacional.
¿Cuándo?
En 2019 se reformó la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta situación disparó los ingresos a los centros penintenciarios de la República mexicana.
