La suspensión definitiva que una jueza le otorgó al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, para que sea reinstalado en su cargo, representa el primero de muchos reveses jurídicos que sufrirá el Plan B de la reforma electoral, aseguró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
En un video publicado en las redes sociales, defendió nuevamente la honestidad de Jacobo Molina, quien había sido cesado con la entrada en vigor de esta reforma electoral.
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“Esta semana que concluye, una jueza de Distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma, y por lo tanto ordena su reinstalación.
“Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país”, enfatizó.
Lorenzo Córdova subrayó que con la entrada en vigor de todo el Plan B, “también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente”.
Puntualizó que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera los cinco pilares de nuestro sistema electoral democrático, que: son la autonomía e independencia de las autoridades electorales, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la estructura permanente del INE en todo el país, la integridad de nuestro padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia, que impiden que los gobiernos y los funcionarios públicos intervengan en las campañas electorales.
“Todos ellos son principios establecidos y protegidos por la Constitución y estos han sido vulnerados por el conjunto de reformas electorales que la mayoría oficialista de las cámaras del Congreso de la Unión impuso sin respetar las reglas básicas del proceso legislativo”, denunció.
Recordó que el pasado jueves 9 de marzo, el INE interpuso una segunda demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “con lo cual el instituto no sólo defiende su autonomía, sino el estado democrático de derecho establecido en la Carta Magna, en contra de la constelación de violaciones constitucionales que cerca de 200 artículos de esas leyes implican a 26 disposiciones de la Constitución”.
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Remarcó que los ejes de esa controversia son cuatro: Primero, la violación al debido proceso legislativo cometidas por la Cámara de Diputados y por el Senado en la aprobación de esta reforma.
Segundo, la vulneración de la autonomía y de la independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Tercero, la vulneración de las condiciones de la equidad en la competencia política, “que nos ha permitido hasta ahora tener elecciones libres y auténticas”.
Cuarto, la grave afectación de los derechos laborales del personal del INE, tanto del Servicio Profesional Electoral como de la rama administrativa que esta reforma supone.
