La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este lunes 8 de mayo la discusión formal para la validación o no de la primera parte de la reforma electoral, llamada “Plan B”, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual podría llevar a una eventual ruptura entre el poder Ejecutivo con el Judicial.
Apenas la semana pasada el Máximo Tribunal del país desechó la formal petición que le hiciera la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que pospusiera la discusión de dicha ley y dar prioridad al desahogo de acciones de inconstitucionalidad promovidas en 2018 contra la entonces reformada Ley General de Comunicación Social.
Los 11 ministros y ministras determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para este lunes 8 de mayo, en términos de legislación aplicables, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral.
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La Corte consideró que el análisis no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trata de la misma norma.
¿Cuántos votos se requieren para invalidar una ley?
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que se filtró hace unos días propone invalidar en su totalidad las reforma del “Plan B”, señala que hubo violaciones graves al proceso legislativo por el que se aprobaron en el Congreso las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El ministro Pérez Dayán indica en su proyecto que existen violaciones al proceso legislativo:
- La discusión en la Cámara de Diputados se llevó a cabo en unas cuantas horas, no se hizo un análisis, ni dictamen en comisiones legislativas y mucho menos hubo tiempo para que las y los legisladores pudieran conocer a fondo y estudiar la iniciativa de ley que se presentó.
- La iniciativa del Ejecutivo que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados no fue la misma que se presentó para su aprobación en la sesión del 6 de diciembre de 2022.
- El Senado, fungió como Cámara revisora y donde la Comisión de Gobernación sesionó en solitario y aprobó un dictamen sin la presencia de la Comisión de Puntos Legislativos, lo que violó el reglamento interno del Congreso.
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El artículo 105 de la Constitución plantea que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueran aprobadas por ocho ministros de los 11 que integran el Pleno de la corte.
Las otras cuatro reformas que integran el llamado “Plan B”, y que también han sido impugnadas, son analizadas por el ministro Javier Laynez, y es probable que este comparta el mismo razonamiento de las violaciones al proceso legislativo.
¿Qué propone el Plan B?
El Plan B es un paquete de reformas a leyes secundarias propuestas por el Ejecutivo y que fueron aprobadas en su mayoría en el Congreso por Morena, PT y PVEM. Se le bautizó como “Plan B” desde el gobierno porque fue una alternativa al proyecto original, que proponía, entre otras cosas, remover a todos los integrantes del INE y del TEPJF, que los legisladores sean elegidos mediante listas estatales. Al no obtener la mayoría calificada que se requiere para realizar las reformas constitucionales, se optó por modificar las leyes secundarias con una mayoría simple.
Entre los puntos más polémicos destaca:
- Se merma la capacidad operativa del INE para organizar elecciones
- Eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales
- Elimina 84.6% del Servicio Profesional Electoral
- Busca que los consejeros del INE y magistrados del TEPJF ganen menos que el presidente
- Se eliminan los fondos y fideicomisos del INE
- Se restringe la capacidad sancionatoria y regulatoria de las autoridades electorales
- Los partidos podrían guardar dinero no gastado en el ejercicio
- ”Cláusula de la vida eterna” que consiste en que los partidos políticos podrían conservar su registro si no obtenían el 3% de los votos
- Expedición de documentos para votar en el extranjero por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
El pasado 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek concedió una suspensión para que las modificaciones legales del “Plan B” no se aplicaran hasta que se elaborara el proyecto y los ministros resuelvan si es constitucional o no. Se espera que este lunes se comience con el análisis de esta reforma electoral.
