Dieciséis militares mexicanos fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta relación con el asesinato de cinco hombres, que quedó grabado en cámaras de seguridad, ocurrido en mayo en Nuevo Laredo, anunció el gobierno.
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicó en un comunicado que por decisión de un juzgado militar fueron arrestados el 8 de junio los uniformados por “presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar”.
Un día después de la detención, los 16 militares fueron vinculados a proceso y se les dictó la medida de prisión preventiva que cumplirán en el Campo Militar Número 1-A de la Ciudad de México, señaló el comunicado, que no precisa los rangos de los detenidos, ni los cargos que podrían enfrentar.
La Sedena indicó que estas acciones son independientes a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar las responsabilidades correspondientes.
El asesinato de los cinco hombres, ocurrido el 18 de mayo en la localidad fronteriza de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, se dio a conocer luego que la cadena estadounidense de habla hispana Univisión y el diario español El País difundieron el 6 de junio el video de los hechos.
En el video de la cámara de seguridad de una tienda se observa el momento en el que una camioneta negra se estrella a toda velocidad contra un muro. Poco después llega un vehículo militar mexicano, con una torreta de artillería, y choca contra la camioneta bloqueando las puertas delantera y trasera del lado derecho. De inmediato bajan unos 11 uniformados armados con fusiles.
Tras disparar hacia las ruedas de la camioneta, los militares abren las puertas y van sacando uno a uno a los cinco ocupantes, entre ellos el chofer, al que empujan y aparentemente golpean y patean en el suelo. Luego se ve cómo los cinco civiles son llevados a empujones y arrastrados hasta un muro, donde algunos de los militares supuestamente les disparan y posteriormente uno de los uniformados coloca fusiles a lado de los cuerpos.
En otra toma se observa a los militares que se cubren detrás de la camioneta chocada y comienzan a disparar hacia la calle para repeler un aparente ataque, y uno de los soldados dispara hacia los civiles que están inmovilizados en el muro.
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“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”, dijo a mediados de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al condenar el hecho y prometió que los responsables serían entregados a la justicia.
El caso alentó los cuestionamientos que han mantenido por casi dos décadas diferentes organizaciones humanitarias contra el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en México.
López Obrador, quien ha defendido que las fuerzas armadas sigan en labores de seguridad pública, insistió en que bajo su gobierno no se permitirán abusos contra los derechos humanos.
El mandatario ha alegado que los militares son necesarios para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país.
Durante su sexenio, que se inició en el 2018, López Obrador ha dejado en manos de los militares proyectos claves de su gobierno como un tren en el sur del país y varios aeropuertos, así como la gestión de las aduanas y trenes, la distribución de vacunas, y las labores de seguridad pública.
El asesinato de los cinco civiles ocurrió casi dos meses después de un violento evento también registrado en Nuevo Laredo, en el que una joven embarazada y un hombre murieron luego que elementos de la Guardia Nacional supuestamente tirotearon contra la camioneta en la que se trasladaban.
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En febrero, se registró otro hecho similar cuando una patrulla del Ejército mató a balazos a cinco hombres en Nuevo Laredo, una ciudad dominada por cárteles del narcotráfico. Cuatro soldados han sido acusados en relación con este caso.
En otro incidente, varios soldados fueron detenidos por el asesinato de 22 sospechosos en un almacén en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, en 2014. Aunque algunos de los 22 civiles murieron en un tiroteo inicial con una patrulla del Ejército — en el que resultó herido un soldado— una investigación de derechos humanos determinó que al menos ocho y quizá hasta una docena de sospechosos fueron ejecutados tras rendirse.
