El uso de drones por parte del crimen organizado tiene un crecimiento exponencial, de registrar cinco casos en todo 2020, en solo ocho meses de 2023 la cifra se disparó a 260, y aunque todavía no se revela el dato final del año, con esos ya se había rebasado la de todo 2022.
Esto ocurre a pesar de los operativos de las fuerzas federales y del uso de equipo sofisticado como un sistema antidrones o drone jammers, que adquirió Sedena por 215 millones 700 mil pesos que todo indica no ha servido para inhibir los ataques, advierte el académico Javier Oliva, doctor en Ciencias Políticas e investigador en materia de seguridad por la UNAM, quien señala que el gobierno solo tiene una “postura reactiva” y no concreta una estrategia de pacificación.
Dicho equipo millonario al parecer no ha logrado frenar el uso de los artefactos a control remoto, entre los que se encuentran unos de la marca DJI —tipo videojuego—, que en promedio tienen un costo en el mercado de entre 10 mil a 20 mil pesos, y que se pueden adquirir hasta en tiendas o en línea.
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El ejemplo más reciente y alarmante fue el ocurrido el pasado 7 de enero, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero encontró cinco cadáveres al interior de una camioneta presuntamente atacada con una bomba transportada en un dron.
Como tal el uso de estos equipos se ha incrementado casi 5 mil 200% apenas desde 2020. De acuerdo con la Sedena, se registraron cinco atentados en 2020, 107 en 2021, 233 en 2022 y 260 en 2023 (de enero a agosto).
Y aunque las fuerzas federales realizan trabajos para impedir su uso, los esfuerzos han dado pocos resultados, Sedena ha incautado 25 drones que transportaban sustancias ilícitas desde 2019, y la Fiscalía General de la República (FGR) otros 17.
Mientras los casos se multiplican, el marco legal para penalizar y combatir el uso de drones como armas o para cualquier otro uso ilegal está estancado en el Congreso de la Unión, la iniciativa presidencial que impone hasta 40 años de prisión por estos delitos se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no ha sido ratificada en el Senado de la República.
En noviembre de 2023, con 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para castigar el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, aunque aún no se perfila la fecha en que el Senado retome la discusión de este tema.
Así, la falta de una estrategia de seguridad de inteligencia y el retraso en la legislación hacen que el gobierno aplique respuestas conocidas como “reactivas”, en las que “reacciona una vez que ocurre un evento muy violento”, lo cual no es garantía de un adecuado método para generar condiciones de paz, resalta Oliva Posada.
Antecedentes de drones bomba
Aunque ya se habían registrado casos desde el año 2000, la emergencia se hizo evidente en abril de 2021, cuando el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, afirmó que los principales generadores de violencia comenzaron a utilizar los drones como un instrumento para cometer crímenes, esto en el contexto de un atentado realizado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra policías estatales de Michoacán.
Al respecto, el CJNG deslindó de dichos atentados con mensajes en redes sociales que decían “nosotros no fuimos quienes tiraron los dronazos a la policía michoacana”
Sin embargo, la versión oficial señala que los dispositivos voladores fueron cargados con C4, explosivo plástico de uso militar, y después detonados al ubicar a elementos policiacos que se desplazaban en Michoacán.
Después del reconocimiento de la Sedena, este tipo de ataques se llevaron a cabo con más frecuencia, como el registrado el 7 de enero, en Guerrero. Dicho acto fue realizado presuntamente por el cártel de La Familia Michoacana.
El atentado fue reportado por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien acompañó a las autoridades para encontrar el vehículo con los cuerpos. Posteriormente, los gobiernos locales de cuatro estados (Guerrero, Edomex, Michoacán y Morelos) anunciaron una nueva estrategia de combate, pero el investigador de la UNAM redundó en que se trata de un mecanismo reactivo.
Adicional a la ‘coordinación entre estados’ la Sedena destacó que adquirió equipo por 215 millones 700 mil pesos en sistemas antidrones y tienen identificados los lugares con mayor incidencia en este delito.
Hasta ahora se tienen identificados como focos rojos a Michoacán (Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán) y Guerrero (Nuevo Poblado El Caracol y Heliodoro Castillo).
No obstante, los drones no son utilizados solo para ataques, los grupos del crimen organizado ahora emplean estos artefactos para múltiples tareas. Están los ataques con explosivos, el trasiego de drogas o precursores de éstas, espionaje y hasta tráfico de migrantes.
Conforme a las investigaciones oficiales, se sabe que una de las marcas utilizadas para los ataques son los drones de la marca DJI, que ofrecen 30 minutos de vuelo y recorren distancias de hasta 20 km con costos desde los 10 mil 500 pesos.
Ley atorada
Aunque las Fuerzas Armadas reconocieron la emergencia desde abril de 2021, todavía en enero de 2024 no se tiene el andamiaje legal para castigar estas acciones en específico.
Fue en agosto de 2023 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una iniciativa para modificar al Código Penal Federal (CPF) para que se creé un tipo penal en específico y se fijen castigos particulares a quien utilice los drones como armas.
Con ello, se reforma el Artículo 139 y se crean los artículos 163 Bis, 163 Ter y 163 Quáter, donde se imponen sanciones desde los 15 hasta los 40 años de prisión a quien utilice los artefactos para bombardear o para espiar.
“Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y multa de cuatrocientos a mil doscientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización [...] a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para cometer las conductas previstas en la fracción I del párrafo primero del presente artículo, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida”, dice el Artículo 139 y después indica el uso de los drones con explosivos.
Al respecto, cabe destacar que las modificaciones son en los capítulos de “Armas Prohibidas” y “Terrorismo”.
* Con información de Joshua Hernández
