Ante los altos índices de inseguridad en el país, el diputado del PAN, Santiago Torreblanca, propuso que los ciudadanos que se dedican alas actividades comerciales en establecimientos formales, tengan derecho a poseer armas para garantizar su seguridad y utilizarlas en legítima defensa.
El legislador sugirió modificar el artículo 10 constitucional para establecer estas disposiciones, con restricciones que excluyan aquellas prohibidas por la ley y reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas permanentes y los cuerpos de reserva.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis, destaca la importancia de defender los bienes más preciados de los ciudadanos, pero también aclara que es necesario determinar en qué lugares resulta deseable la posesión de armas.
Torreblanca explicó que la iniciativa tiene dos objetivos: “devolver a las familias que tienen un negocio la posibilidad de ejercer una defensa legítima contra los abusos cometidos por criminales, para proteger su patrimonio, libertad o vidas, y ser un mecanismo que desincentive el delito”.
Señaló que esta medida podría inhibir la comisión de delitos que afectan a quienes realizan actividades comerciales, ya que los delincuentes sin armas podrían abstenerse de incurrir en ilícitos como el robo.
Además, mencionó que los delincuentes armados o con mayores capacidades de violencia sabrán que es posible que encuentren resistencia y también tendrán miedo de perder su propia vida.
75.2% de los asaltos se uso una de arma de fuego
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022 del INEGI, en la Ciudad de México el 75.2% de los asaltos a establecimientos mercantiles involucró el uso de armas de fuego, y el 15.2% de los comercios afectados mencionó que el ilícito fue perpetrado con arma punzocortante.
Indica, según los empresarios, en el 60.9% de los casos se trató de una persona sola y en el 19.1% el ilícito fue perpetrado por personas pertenecientes a una banda.
Los resultados obtenidos de los comercios muestran que el 47.8% de las extorsiones se realizaron de manera presencial, el 37.4% vía telefónica y el 12.2% a través de medios electrónicos.
El legislador considera que debe ser perfectamente legítimo que las familias se puedan defender, recuperar su derecho a la seguridad, a la tranquilidad, a tener un patrimonio, a vivir felices y a ser libres.
