La reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que incluye la elección popular de jueces y magistrados, atenta contra la independencia e imparcialidad del poder judicial, advierte el especialista en derecho Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, A.C., en entrevista con Publimetro.
Explica que el esquema que impulsa el ejecutivo carece de candados que garanticen la experiencia de los jueces que sean elegidos popularmente, pese a que la labor que tendrán que desempeñar es de un carácter profundamente técnico y especializado.
¿En el sector público está el servicio profesional de carrera, existe esta figura similar en el Poder Judicial?
— Sí, se le llama carrera judicial y hay una serie de escalafones en prácticamente todos los puestos que existen en la carrera judicial. Son puestos que se someten a una serie de concursos de oposición y a pruebas que pasan desde exámenes de conocimiento, psicométricos, sobre talleres de redacción de sentencias, orales, sobre la elaboración de ideas nuevas y desarrollo de nuevos criterios.
De repente existen concursos para que externos puedan participar y llegar directamente de juez o de magistrado, pero no es ni el 5% de los magistrados y de los jueces que llegan de esa forma, pero aún así los exámenes son igual o más complicados.
Se tienen que obtener prácticamente calificaciones perfectas y se necesita tener un expediente completamente limpio.
¿Cuál es el perfil para incorporarse a estos primeros puestos?
— Para ser juez o magistrado, además de estudios de licenciatura, se necesita probablemente, o casi necesariamente, maestría y doctorado. Haber pasado los exámenes, y se realizan por etapas, son completamente piramidales.
¿Hay favoritismo en el Poder Judicial?
— Sí hay un tema de nepotismo, pero una persona de origen humilde, que de repente estudió derecho y llegó a ser un magistrado federal, se convierte dentro de la familia en el modelo a seguir.
Hay otro fenómeno que sí es completo y absolutamente nocivo. Los clásicos que están en la posición y hacen nombramientos cruzados:’contrato a tu hija y tú contratas a mi hijo, y los tenemos ahí consentidos. No les pasamos mucha chamba’. Cuando se detectan ese tipo de situaciones, realmente son canceladas.
¿Qué pasó con el nuevo modelo de justicia penal que se puso en marcha en 2016, en el gobierno de Peña Nieto??
— No soy experto en temas penales, me dedico a temas administrativos y fiscales, pero el sistema empezó a funcionar, se invirtió mucho en la capacitación de jueces, magistrados y funcionarios judiciales para que estuvieran en este nuevo sistema.
¿Cuál es la preocupación del gremio jurídico ante esta propuesta de reforma que el presidente impulsa?
— Nos preocupa mucho el tema de que la reforma constitucional como está planteada, sería prácticamente una desaparición de un plumazo del Poder Judicial de la Federación, eliminando la posibilidad de contar con juzgadores de carrera que tienen una trayectoria, que pueden tener una currícula completa y absolutamente intachable, que pueden tener grandes números en la emisión de sus resoluciones, que se han distinguido por la emisión de resoluciones justas, apegadas a derecho, que sus revocaciones de sentencias se mantienen en números bajos.
Se estaría, por un prejuicio, generalizando un problema. En realidad yo no veo un problema de corrupción generalizada.
No está previsto en la Constitución que se hagan exámenes de conocimientos previos, no se establece en esta reforma de la Constitución que deban estar libres de conflictos de interés. Eso lo único que va a generar es que lleguen políticos o personas a las posiciones sin tener los conocimientos técnicos.
“No necesitamos un cuate popular, necesitamos un profesional de la materia que haya tomado los cursos, que haya acreditado los exámenes”
— Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados
Pero la función principal en la que reside o en la que descansa la eficacia y la importancia del poder judicial no es en el mecanismo de selección de sus miembros, sino la independencia que tienen y en la capacidad técnica, jurídica que tienen para resolver temas.
La impartición de justicia es una cuestión técnica, tan técnica como lo que hace un operador de una torre de control de un aeropuerto.
¿De qué magnitud sería la elección del poder judicial, cuántos cargos son?
— Estaríamos votando por más de mil 600 funcionarios en todo lo largo y ancho del país. Nada más federales. ¿Cuánto va a costar eso? Cuatro mil 980 candidatos. ¿Cómo van a hacer campaña? ¿De dónde se va a financiar? ¿Qué le van a ofrecer a la gente?
En realidad existen una serie de incoherencias en la propia propuesta que no tienen una lógica y que no tienen una respuesta seria para saber si estamos en presencia de una ocurrencia.
Estamos frente a una maniobra política que lo único que busca es debilitar a un contrapeso natural que existe en todos los países del mundo.
La Constitución no nada más se crea a través de reformas, la Constitución también a través de su interpretación va cambiando. Y eso sucede en los países desarrollados.
¿Qué pasaría con la continuidad de los procesos mientras los nuevos miembros toman el cargo, habría retrasos, huecos?
— Claro. Los jueces y los magistrados llevan años también formando sus propios equipos, tienen que aprender a trabajar juntos. Ese tipo de personas trabajan y llevan años en el servicio público y hay un tema de vocación de servicio. El tema de la continuidad, de la integración de los equipos, va a ser muy complicado.
La virtual candidata electa a la Presidencia dice que llevaría a consulta propuesta de reforma, ¿cuáles son sus conclusiones sobre esta dinámica?
— En el tema de la consulta, eso no tiene absolutamente ningún valor. Es un argumento meramente de retórica política. Si lo van a hacer ellos y además ni siquiera va a ser un ejercicio de votación abierta, sino que dicen que sería una encuesta.
Está previsto en la Constitución mexicana el poder realizar consultas que se tienen que preparar, las preguntas las tendría que valorar, sancionar y aprobar la Suprema Corte y después aplica que el procedimiento de consulta lo haga el Instituto Nacional Electoral (INE). Si no hacen eso, no tienen ningún valor.
Y otro tema que también quiero llamar la atención es el tema del parlamento abierto, el que están hablando, del que están diciendo que ya se va a convocar. Tenemos un gravísimo problema, ese parlamento abierto que estaría ahorita, se iniciaría la siguiente semana con diputados y senadores que ya no están trabajando, que ya se terminó su legislatura, que ya no tienen asesores parlamentarios.
Hay una comisión permanente para situaciones urgentes, pero no se ha convocado a un periodo extraordinario de sesiones y lo más importante, que no son ellos los que van a votar. La decisión está tomada. La decisión ya por parte del presidente está tomada.
¿Qué riesgos implica?
— No digo que se vaya a vaciar el país y que se vayan a ir todos los extranjeros, eso no funciona así, pero sí pueden empezar a sacar dinero, sí puede haber una escasez de dólares en el país y puede empezar a haber una serie de medidas que empiecen a presionar indebidamente a la economía cuando habían venido funcionando las cosas bien. Se debe de tomar muy en serio este tema de la presión que está resintiendo la moneda.
No quiero ser catastrofista, no deseo que eso pase de ninguna manera, pero es un escenario real, es un escenario factible el que ante una situación en donde se considere que no hay elementos suficientes para asegurar las inversiones, no es tanto que se vaya lo que ya hay, sino que ya no llegue nueva. Y eso también es un problema, y que lo que haya cierre.
¿Cuál es su reflexión final sobre la propuesta de reforma del presidente?
— Esta presión a la que están siendo sometidos magistrados, jueces, ministros, muchos jueces para evitar ser tildados de corruptos y de estar al servicio de las mafias, lo que van a hacer es que le van a dar la razón en todo al gobierno para evitar ese problema, porque saben que si aunque tenga la razón el particular, que aunque tengan que votar en contra del gobierno, que si lo hacen, si tenían esperanzas de estar en alguna de las listas para ser candidatos a juez, magistrado, ministro, ya no van a estar, les van a echar a la UIF, les van a echar a la contraloría interna, van a estar perseguidos, entonces no se van a querer meter. Eso es una injerencia indebida en la independencia judicial.
