La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra ante un caso crucial para el futuro de los derechos de los pueblos indígenas en México, se trata de la controversia constitucional 17/2022, relacionada con la comunidad mazahua Crescencio Morales, en Michoacán, que reclama el reconocimiento pleno de su derecho a ejercer de manera directa recursos públicos en beneficio de su gente.
El caso, que previsiblemente será discutido en el Pleno de la SCJN el próximo 15 de julio, pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿pueden los pueblos indígenas gestionar sus propios recursos públicos para garantizar el desarrollo de sus comunidades, o deben seguir dependiendo de estructuras municipales que muchas veces no los toman en cuenta?
Durante la presentación del documental Zazhi Ni Múbú, es fuerte tu corazón, que narra esta lucha jurídica, la ministra Lenia Batres Guadarrama lanzó una crítica directa a la Corte, al señalar que ha invalidado sistemáticamente leyes favorables a pueblos indígenas bajo el argumento de falta de consulta previa, incluso cuando esas leyes fueron promovidas y respaldadas por las propias comunidades beneficiadas.
“Son 56 leyes invalidadas en esta Suprema Corte, de las cuales 55 fueron en contra de comunidades indígenas”, denunció Batres ante decenas de integrantes de la comunidad que fueron recibidos en un salón del recinto judicial.
En su discurso, la ministra advirtió que el respeto a los derechos indígenas sigue siendo una deuda pendiente, y un reto urgente para quienes integrarán la Corte a partir del 1º de septiembre.
Defensa de derechos indígenas
El caso de la comunidad Crescencio Morales se refiere a una problemática en defensa de la libertad para establecer la autodeterminación.
En 2022, el municipio de Zitácuaro impugnó leyes locales de participación ciudadana y de organización municipal que permitían a las comunidades indígenas recibir recursos del erario para construir caminos, canchas deportivas, financiar escuelas y sostener a su policía comunitaria.
Aunque el proyecto original del ministro Javier Laynez propuso invalidar las normas por falta de consulta indígena, la mayoría del Pleno rechazó esa visión; sin embargo, el caso no se cerró: se ordenó elaborar un nuevo proyecto, ahora enfocado en un supuesto conflicto de competencias presupuestales entre municipios y comunidades.
Ese nuevo proyecto, nuevamente a cargo del ministro Laynez, también propuso invalidar las leyes que permiten a Crescencio Morales ejercer autonomía presupuestaria.
La comunidad, sin embargo, sostiene que este derecho ya está reconocido por la Constitución y por reformas legislativas recientes.
“Queremos que se deseche la controversia. Queremos que el derecho de las comunidades sea reconocido”, afirmó Silvestre Chávez Sánchez, presidente del Consejo de Autogobierno de Crescencio Morales, al término de la proyección del documental.
Por su parte, Orlando Aragón Andrade, abogado del Colectivo Emancipaciones y representante legal de la comunidad, subrayó la trascendencia del momento: “Estamos en la antesala de una discusión histórica”.
En ese contexto, el abogado llamó a las y los ministros a emitir un fallo que considere no solo lo jurídico, sino también las implicaciones sociales de su decisión.
Tras la proyección del documental, los miembros de la comunidad se tomaron una foto en el templete del salón, situación que se considera histórica porque por primera ocasión las puertas del recinto se abrieron para establecer un diálogo y escuchar a los grupos originarios.
