México está por estrenar una de las leyes más duras contra el “huachicol de agua”, y es que las autoridades castigarán hasta con cinco años de cárcel a quienes transporten en pipas y vendan agua robada - un delito que ya se compara con el robo de combustible - así lo establece la Ley General de Aguas recientemente aprobada en la Cámara de Diputados.
La propuesta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tipifica el traslado ilegal de agua como un “delito hídrico”, que será perseguido de oficio, es decir sin la necesidad de una denuncia ciudadana.
Dado que este tipo de robo, ocurre en zonas agrícolas, industriales e incluso urbanas, donde pipas de agua con capacidad de 10 mil y hasta 20 mil litros de agua operan sin permisos, afectando así a comunidades que padecen escasez.
¿Cuales son los castigos por trasladar agua robada?
De acuerdo con el dictamen de la Ley General de Aguas, aprobada esta madrugada en la Cámara de Diputados, una persona podría pasar de entre 3 meses y hasta 5 años en prisión por transportar agua extraída de manera ilegal:
- De 3 meses a 3 años de prisión para quienes transporten menos de 50 mil litros.
- De 6 meses a 5 años de prisión para quienes trasladen 50 mil litros o más con fines de lucro.
Además, de este castigo penal las autoridades podrán imponer multas económicas, decomisar vehículos y formalmente catalogar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como “víctima”, lo que agilizará los procesos judiciales.
Asimismo, estas penas aplicarán para aquellas personas que desvíen un río, alteren su cauce, bloqueen un canal o manipulen corrientes, por lo estas acciones también serán consideradas como un “delito hídrico”.
En tanto, estos puntos contra el robo de agua, forman parte de un paquete más amplio en materia hídrica del país, tal como las concesiones de agua y sistemas de riego.