La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir la reforma al sistema de justicia enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que se busca modificar los tiempos y reglas de la elección de integrantes del Poder Judicial.
El punto central de la iniciativa es aplazar la elección judicial al 4 de junio de 2028, con el objetivo de que coincida con la jornada de revocación de mandato y permita organizar ambos ejercicios democráticos de manera simultánea. La propuesta fue entregada al Congreso esta semana y contempla ajustes constitucionales al modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Elección judicial se movería a 2028
De ser aprobada por el Congreso, la reforma representaría un ajuste mayor a la implementación de la elección judicial, originalmente prevista para realizarse antes. El planteamiento del Ejecutivo busca dar más tiempo para preparar el proceso, definir reglas operativas y evitar una saturación logística en los comicios.
De acuerdo con la iniciativa presidencial, en 2028 se elegirían cargos judiciales federales y locales, entre ellos magistraturas electorales, jueces y magistrados, bajo un esquema que pretende reducir la complejidad de las boletas y mejorar los mecanismos de evaluación de aspirantes.
Buscan blindar candidaturas judiciales
Además del cambio de fecha, el periodo extraordinario servirá para debatir mecanismos de control sobre las candidaturas judiciales, con el fin de establecer filtros más estrictos y reglas que permitan proteger el proceso de selección frente a posibles influencias externas.
La propuesta también plantea la creación de una instancia coordinadora con participación de los tres Poderes, así como evaluaciones técnicas y entrevistas especializadas para reducir el número de candidaturas y ordenar el proceso electoral judicial.
Morena acelera discusión legislativa
Con el aval de la Comisión Permanente, la discusión pasará a las cámaras del Congreso, donde se definirán los detalles técnicos y legales de la reforma. La ruta legislativa prevé que el tema sea discutido en periodo extraordinario, en medio de posturas divididas sobre los alcances de la elección judicial y la necesidad de corregir fallas detectadas en el primer ejercicio.
El oficialismo sostiene que el aplazamiento busca fortalecer la legitimidad de los juzgadores y mejorar la organización del proceso. Sin embargo, la reforma también abre un nuevo debate político sobre el alcance de los cambios al Poder Judicial y el control de las candidaturas que llegarán a las urnas.