La erupción del volcán español de Cumbre Vieja, en la Palma, no se detiene, aunque los ríos de lava que se han extendido hacia el Océano Atlántico han ocasionado que España gane territorio. Toda la nueva superficie terrestre derivada de la actividad del cuerpo rocoso es propiedad del Estado; no obstante, las propiedades o viviendas que quedaron enterradas siguen perteneciendo a particulares.
Pese a ello, la decisión final del gobierno sobre la expropiación de dichos inmuebles puede realizarse con base en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, debido a que compete al Estado la reserva del patrimonio geológico.
En este sentido, las principales ventajas para apoderarse de toda esta nueva superficie terrestre ganada se encuentran dirigidas al gobierno de España. Otra de sus legislaciones, la Ley de Costas, establece que los terrenos que se formen en los mares de la nación les pertenecen.
El problema para los propietarios de viviendas, las cuales quedaron enterradas bajo la roca volcánica formada por la lava, es que, si se decreta como patrimonio geológico esa superficie, no podrán volver a construir en estos sitios. En síntesis, perderían el derecho de uso de suelo por la erupción del volcán en la isla de la Palma.
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La actividad del volcán ha producido sismos, ríos de lava, desalojos y la movilización de cuerpos de emergencia en la isla. Miles de habitantes no podrán regresar de nuevo a sus casas, las cuales fueron consumidas por el fenómeno natural, descrito como un evento sin precedentes en la época contemporánea.
