Este 7 de noviembre Nicaragua está llamada a las urnas en unas elecciones generales tildadas de “farsa electoral” por la oposición y gran parte de la comunidad internacional en las que el que fuera dirigente de la revolución sandinista y actual presidente, Daniel Ortega, se hará, previsiblemente, con un cuarto mandato consecutivo y cinco años más en el poder.
La situación de los Derechos Humanos en el país centroamericano “ha venido deteriorándose desde hace años”, lamentó la directora adjunta de la división de las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, en una entrevista con Europa Press.
Detalló que “progresivamente, el régimen de Ortega y (Rosario) Murillo ha acaparado el poder, cooptando gradualmente el poder judicial, el Consejo Supremo Electoral, y la Asamblea Nacional”.
Pero no solo la situación de los Derechos Humanos preocupa a la comunidad internacional, en la arena electoral “el régimen ha implementado estrategias represivas orientadas a desarticular a la oposición, disuadir mediante el miedo cualquier protesta en contra del gobierno y allanar el camino para la reelección”, alertó Taraciuk.
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En este contexto, se registró una “oleada de detenciones arbitrarias”, que en algunos casos han supuesto la prisión de críticos con Ortega, entre ellos siete precandidatos presidenciales, así como periodistas, abogados defensores, líderes estudiantiles y campesinos.
“En Nicaragua no existen hoy condiciones para elecciones libres, justas y competitiva”, concluyó Taraciuk. Además, que “las principales figuras políticas opositoras se encuentran en prisión con cargos fabricados por el régimen” y el Consejo Supremo Electoral suprimió la personalidad jurídica de los principales partidos opositores, al impedirles su participación en las elecciones.
