MANAGUA (AP) — La nueva Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, tomó posesión el domingo en una sesión previa a la investidura del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ambos reelectos en los cuestionados comicios de noviembre pasado y tras el encarcelamiento de siete precandidatos de la oposición.
El matrimonio Ortega Murillo reasumirá los máximos cargos de poder en Nicaragua para otro mandato de cinco años, en un acto que se realizará en la plaza de la revolución de Managua la tarde del lunes y al que asistirán delegaciones oficiales de China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria, así como algunos cancilleres y líderes políticos de izquierda.
Durante la sesión parlamentaria, la titular del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, tomó juramento a los 90 diputados del Legislativo, de los cuales 75 pertenecen al gobernante Frente Sandinista y 15 a pequeñas agrupaciones políticas que la oposición califica como “colaboracionistas”.
Como presidente de la Cámara fue reelegido el sindicalista sandinista Gustavo Porras, miembro del Parlamento desde hace 15 años y titular del mismo desde 2017. El partido sandinista quedó en control de la mayoría de cargos en la junta directiva.
Daniel Ortega, un excomandante sandinista de 76 años que gobernó por primera vez de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007, iniciará su cuarto mandato consecutivo, mientras que para Murillo, de 70 años, será el segundo. Los pasados comicios fueron desconocidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.
Esta semana, una veintena de organizaciones opositoras en el exilio anunciaron protestas en varios países, tras declarar al gobierno sandinista como un “régimen ilegítimo” y exigirle la liberación de más de 170 “presos políticos”. Entre estos figuran más de 40 dirigentes, activistas y siete aspirantes a la presidencia que pretendían disputarle el poder a Ortega en las pasadas elecciones y fueron encarcelados.
Durante la pasada campaña electoral, el gobierno también le retiró la personalidad jurídica a tres partidos opositores que pretendían participar en la contienda. Los detenidos entre junio y noviembre fueron acusados de “traición a la Patria”, “terrorismo” y otros delitos.
Ortega ha tildado de “criminales” a los opositores encarcelados, tras acusarlos de alentar las protestas sociales de 2018 que su gobierno calificó como “un intento de golpe de Estado”. La represión policial a esa revuelta dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
