MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha abierto desde este lunes el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de ley que modifica la Ley de la Ciencia de 2011. En el último borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio ha suprimido el ‘tenure track’, una figura contractual a la que se opusieron sindicatos y comunidad científica.
El modelo contractual tipo ‘tenure track’, utilizado en Estados Unidos, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, fue una de las medidas ‘estrella’ de Duque. Este tipo de figura consiste en un contrato de trabajo de naturaleza laboral de 4 años con la posibilidad de convertirse en fijo tras superar una evaluación final externa, y que estaría sujeto a la Oferta Pública de Empleo (OPE).
Sin embargo, esta medida fue muy criticada por sindicatos como CSIF o CCOO, al considerar que esta figura de contratación no acaba con la precariedad, pues no garantiza que el puesto sea fijo porque estaría supeditada a la oferta de empleo y, además, implicaría la eliminación de otras escalas funcionariales recogidas en la legislación actual.
El anteproyecto ha eliminado esta figura pero ha incluido un nuevo contrato indefinido para «todo tipo de personal de investigación» que realicen actividades científico-técnicas.
«Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia», señala el texto, que precisa que estos «no formarán parte de la Oferta de Empleo Público», a diferencia del ‘tenure track’.
INDEMNIZACIÓN TRAS FIN DE CONTRATO
El nuevo borrador, que ahora deberá recabar la opinión de las personas con interés en el proyecto normativo, también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores y científicos tras finalizar su contrato, medida que se establece para los investigadores predoctorales y para los contratos posdoctorales de acceso.
En el caso de los investigadores predoctorales, el texto propone «una indemnización equivalente a doce días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año».
Con respecto al contrato postdoctoral de acceso, el anteproyecto establece que su duración será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.
El personal investigador con contrato postdoctoral en Universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como «investigador establecido».
También para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir «una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores».
Asimismo, el borrador define una carrera para el personal técnico y rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.
