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Perú.- La Fiscalía peruana niega que los casos contra el presidente Castillo hayan sido archivados

La Fiscalía de Perú ha negado este martes que la investigación abierta al presidente, Pedro Castillo, por supuestos delitos de corrupción haya sido archivada y ha explicado que la misma ha quedado pospuesta hasta el final de su mandato, tal y como marca la Constitución del país.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Perú ha negado este martes que la investigación abierta al presidente, Pedro Castillo, por supuestos delitos de corrupción haya sido archivada y ha explicado que la misma ha quedado pospuesta hasta el final de su mandato, tal y como marca la Constitución del país.

«Es falso que la investigación contra Pedro Castillo Terrones ha sido archivada. La carpeta está abierta, solo ha quedado en suspenso hasta que el investigado deje la Presidencia de la República, en virtud del artículo 117 de la Constitución», ha señalado la Fiscalía en su perfil de Twitter.

Las aclaraciones de la Fiscalía se dan después de la publicación de un entrevista al reconocido jurista peruano Domingo García Belaúnde en el diario ‘Expreso’, donde aseguró que las pruebas contra Castillo «van a desaparece» y que la fiscal general, Zoraida Ávalos, se ha «lavado las manos» archivando la causa.

La Fiscalía además ha destacado que en cuarenta años de su existencia «nunca» se había abierto una investigación contra un jefe de Estado en funciones y que la fiscal Avalos Rivera «es la primera» en tomar esta decisión, tanto ahora con Castillo, como con el expresidente Martín Vizcarra.

Así, ha subrayado que los tres casos en los que estaría implicado Castillo –irregularidades en la construcción del Puente Tarata, en la subasta pública de un contrato con la estatal Petroperú y por presiones en una serie de ascensos militares–, «están siendo investigados» y ya tienen abiertas diligencias.

La fiscal Avalos Rivera sostuvo su decisión de posponer la posible imputación de delitos amparándose en el Artículo 117 de la Constitución peruana, el cual indica que el jefe del Estado solo puede ser acusado durante su mandato en casos de traición a la patria, disolución del Congreso o impedir que se celebren elecciones.

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