MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Quinto Juzgado Constitucional de Lima ha rechazado el recurso de ‘habeas corpus’ presentado en diciembre por la defensa del presidente de Perú, Pedro Castillo, para evitar un posible allanamiento del Palacio de Gobierno por presuntas irregularidades en el seno de Petroperú.
El juez Jorge Ramírez ha declarado improcedente la petición del abogado de Castillo, Eduardo Remi, que aludía a una «actuación parcializada, con sesgo y motivación política» de la fiscal provincial Norah Córdova, así como «afectaciones al derecho a la defensa y a la inviolabilidad del domicilio» en el marco de las diligencias que encabezó la Fiscalía para la solicitud de documentos y el registro en el Palacio de Gobierno, recoge el diario ‘La República’.
Así, la Justicia ha descartado que exista ningún tipo de amenaza contra la institución ni vulneraciones a los derechos de Castillo por la investigación puesta en marcha. «El ingreso no necesariamente tendría las características de una violación del domicilio, puesto que en la primera oportunidad se realizó con autorización y a consideración de esta judicatura», ha dicho Ramírez.
El magistrado ha explicado que, siendo el Palacio de Gobierno «un inmueble con la más alta vigilancia y resguardo», el registro solo podría llevarse a cabo mediante «fuerza mayor», lo que implicaría «un uso de fuerza que, dadas las circunstancias, es inadmisible». «No es posible considerar que la amenaza sea cierta, pues para evitarlo, su titular solo tiene que negarse a dar la autorización», ha añadido.
Del mismo modo, el Juzgado también ha apuntado que la investigación se centra en ciudadanos y exfuncionarios por el presunto delito de colusión y negociación incompatible, cargos por los que, sin embargo, el presidente Castillo no está investigado en base a su condición de máxima autoridad, lo que refuerza la posición de la Justicia de que las actuaciones de la Fiscalía no acarrean un riesgo en su contra.
Por otro lado, Ramírez ha reconocido que las publicaciones en redes sociales de la fiscal Córdavo contra el presidente –en las que le tildaba de «terrorista» y «corrupto»– «deben ser materia de investigación por los órganos competentes de su institución» en caso de que se consideren como «evidencia de un sesgo, de preferencias políticas o de odio».
Efectivos de la Fiscalía Anticorrupción peruana se personaron el 20 de diciembre en la sede presidencial para investigar las presuntas irregularidades en la licitación de 74 millones de dólares –unos 65 millones de euros– otorgadas a la empresa Heaven Petroleum Operators tras reunirse su gerente, Samir Abudayeh, con el presidente Castillo.
La fiscal Córdova ordenó la intervención en Palacio para seguir con la investigación tras las presuntas irregularidades en la licitaciones con Petroperú de las que se acusa personalmente a Castillo. Tras una hora de espera, los fiscales lograron entrar en el Palacio de Gobierno tras levantarse un acta por la demora provocada por los empleados.
