El Consejo de Seguridad y Defensa pide a los rebeldes firmantes del acuerdo de paz que se retiren de la capital
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Naciones Unidas ha mostrado este martes su preocupación por la represión de las protestas contra las autoridades militares en Sudán y ha denunciado que «casi a diario» haya manifestantes muertos o heridos a manos de las fuerzas de seguridad.
Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha indicado que «estadísticas creíbles» del Comité de Médicos de Sudán elevan a 71 los muertos y a más de 2.200 los heridos desde el golpe de Estado del 25 de octubre y ha afirmado que 17 personas han fallecido desde principios de año, incluidas siete durante la jornada del lunes.
«Nuestra oficina conjunta de Derechos Humanos en Sudán ha apreciado también un patrón que muestra que más del 25 por ciento de los heridos recibieron impactos directos de botes de gases lacrimógenos, lo que genera preocupaciones por el disparo horizontal y contra personas de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad, lo que viola los estándares internacionales», ha apuntado.
Por ello, ha reclamado nuevamente a las autoridades que «pongan fin inmediatamente al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de fuego real, contra manifestantes pacíficos» y ha agregado que «el uso de fuego real sólo es permisible como una medida de última instancia en caso de amenaza inminente a la vida o a heridas graves».
«Debe haber investigaciones exhaustivas, rápidas e independientes y las autoridades tienen el deber de garantizar que los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos son llevados ante la justicia», ha reseñado Shamdasani durante una rueda de prensa.
En esta línea, ha denunciado «una campaña de arrestos y detenciones arbitrarias contra manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios en medio del estado de emergencia» y ha añadido que «las fuerzas de seguridad irrumpen en las casas de activistas e incluso en hospitales para detener a manifestantes heridos, evitando que reciban atención de emergencias».
«Hay también informaciones preocupantes sobre agresiones contra trabajadores e instalaciones sanitarias», ha lamentado, al tiempo que ha indicado que «parece haber un aumento de la represión de la libertad de opinión y expresión a través del arresto de periodistas, las redadas en viviendas y oficinas, el maltrato a periodistas y la suspensión de licencias».
En este sentido, ha resaltado que el sábado fue retirada la licencia a la cadena de televisión qatarí Al Yazira, mientras que el 13 de enero las fuerzas de seguridad entraron en las oficinas de la cadena de televisión Al Araby en la capital, Jartum, para detener a cuatro miembros del personal que cubrían una manifestación desde el tejado del edificio.
«El 30 de diciembre, la Policía y las fuerzas de seguridad conjuntas, incluidas las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) –un grupo paramilitar–, entraron en las oficinas de Al Arabiya y Al Hadath en Jartum mientras cubrían las marchas en la capital. Durante la redada, golpearon y acosaron al personal con porras y dañaron propiedad de las oficinas», ha señalado.
Por todo ello, ha solicitado a las autoridades que «dejen de actuar contra los periodistas, garanticen el derecho a la libertad de expresión y asamblea y que faciliten las protestas pacíficas, en lugar de hacerles frente con fuerza innecesaria y desproporcionada».
«Como ha subrayado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Michelle Bachelet), es necesario urgentemente un diálogo significativo, inclusivo y participativo para garantizar un rápido retorno al mandato civil en Sudán. El pueblo de Sudán debe poder participar en dibujar el futuro del país», ha zanjado Shamdasani.
PETICIÓN A LOS REBELDES
Por su parte, el Consejo de Seguridad y Defensa de Sudán reclamó a última hora del lunes a los antiguos grupos rebeldes firmantes del histórico acuerdo de paz de octubre de 2020 que retiren a sus fuerzas de la capital ante las recientes tensiones y la represión de las últimas protestas contra las autoridades militares.
El organismo celebró una reunión que estuvo encabezada por el presidente del Consejo Soberano de Transición y jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, para revisar la situación de seguridad tras las últimas movilizaciones en el país contra el golpe de Estado de octubre de 2021.
El organismo, que aplaudió la «profesionalidad» de las fuerzas de seguridad, ordenó completar una investigación sobre los incidentes y establecer una fuerza especial para «combatir el terrorismo», según ha informado la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.
Asimismo, reiteró su compromiso con el alto el fuego pactado con los rebeldes y pidió a las fuerzas de estos grupos, que se trasladaron a Jartum tras el acuerdo de paz, que se retiren de la capital y otras ciudades para «aplicar los acuerdos de seguridad», sin dar más detalles al respecto.
Durante los últimos días, el Consejo Soberano de Transición ha apoyado los llamamientos del gobernador de Darfur Norte a que los grupos armados abandonen El Fasher tras los últimos ataques contra la almacenes de la Operación Híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Naciones Unidas presentó la semana pasada una iniciativa para facilitar un diálogo para superar la actual crisis política y volver a encarrilar la transición, algo que fue aplaudido por el Consejo Soberano de Transición.
Al Burhan abogó recientemente por el nombramiento de un primer ministro al frente de un «gobierno de tecnócratas», después de la dimisión a principios de enero de Abdalá Hamdok en protesta por la muerte de manifestantes a causa de la represión de las últimas protestas en el país.
A pesar de que las presiones internacionales derivaron en el acuerdo para la vuelta de Hamdok al cargo tras el golpe, parte del Ejecutivo y los principales socios civiles en la coalición lo rechazaron y acusaron al ahora ex primer ministro de mantener negociaciones con los golpistas a pesar de la represión de las protestas contra la asonada.
Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno había iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.
