BOSTON (AP) — Diane Ostrander lleva meses preocupada por su hijo: el hombre de 34 años ha tenido conversaciones incoherentes con la televisión y prometió matar a la policía. Ha despotricado contra hijos que no tiene. Ha deambulado por la calle durante la noche bajo una tormenta diciendo que necesitaba arreglar un transformador de energía.
El caso de Ostrander transmite un mensaje consistente: una nueva ley en el estado de Washington restringe a los oficiales en el uso de la fuerza y esto incluye a personas con problemas de salud mental, incluso en casos en que profesionales de la salud mental o un juez ordenen el uso de la fuerza.
La Ley 1310 de la Cámara de Representantes forma parte de una ambiciosa reforma policial que siguió a las protestas por la justicia racial que se extendieron por todo el país en 2020. El objetivo de la ley era reducir la probabilidad de que la policía usara la fuerza innecesariamente o contra la persona equivocada.
También busca restringir el uso de la fuerza a los casos en los que los oficiales tienen una causa probable para creer que alguien cometió un delito o existe una amenaza inminente de lesiones y exige que usen otras técnicas cuando sea posible.
Pero la ley ha fracasado con algunos de los residentes más vulnerables del estado, incluido el hijo de Ostrander, en parte porque no es clara y en parte por cómo la ha interpretado la policía.
Durante mucho tiempo se han pedido alternativas a la policía que responde a las crisis de salud mental y abuso de sustancias; pero a veces, la presencia de oficiales puede exacerbar una situación. Un nuevo número de emergencia (988) se lanzará a nivel nacional este verano para coordinar mejor tales respuestas.
Pero todavía se necesita a la policía. En Washington, profesionales de salud mental que no portan armas pueden detener a las personas para evaluarlas si representan un peligro para ellos mismos o para los demás.
Sin embargo, el proyecto 1310 no incluye excepciones que autoricen a la policía a usar la fuerza para ayudar a este segmento de la población. Con frecuencia, para la policía esto significaba que no están autorizados para hacerlo.
Los legisladores ahora se apresuran a arreglar eso.
Mientras tanto, cuando alguien llama a la policía para que detenga a un paciente, es posible que los oficiales no acudan. Si llegan, podrían hacer todo lo posible para persuadir a un paciente de que busque ayuda, pero no se llevarán a un paciente que no esté dispuesto a irse con ellos.
Incluso cuando los profesionales de la salud mental vean una amenaza inminente, es posible que las fuerzas del orden no; la persona podría estar simplemente sentada en un sofá, negándose a irse.
En un caso, la policía se negó a detener a un hombre; una semana después, apuñaló a alguien, dijo Joe Roszak, director general de Servicios de Salud Mental de Kitsap.
En octubre y noviembre, los socorristas documentaron 51 ocasiones en que la policía se negó a responder o ayudar a transportar a un paciente, según la Autoridad de Atención Médica del estado de Washington.
