BUENOS AIRES (AP) — El diputado nacional Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, renunció el lunes a la presidencia del bloque oficialista en el Congreso en disconformidad con el reciente acuerdo celebrado por el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FM) por la deuda de 44.500 millones de dólares contraída en 2018.
La renuncia de Kirchner supone un duro revés para el mandatario, el cual confiaba que a partir del principio de entendimiento con el FMI podía aquietar las tempestades que amenazaban a la economía argentina ante el riesgo de un default. Por el contrario, vuelven ahora a quedar expuestas las fisuras internas en el oficialismo entre un ala más moderada que respalda a Fernández y la corriente de centro-izquierda que lidera Fernández de Kirchner (presidenta entre 2007 y 2015).
Kirchner, hijo mayor de la expresidenta, dijo que tomó la decisión de dejar la presidencia del bloque —aunque mantendrá su banca— del gobernante Frente de Todos por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación” con el FMI, según la carta de renuncia que se hizo pública. Agregó que así libera al presidente Fernández para “elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023” cuando culmina su mandato.
El gobierno argentino anunció el viernes un principio de acuerdo con el organismo para refinanciar los vencimientos de los dos próximos años del préstamo otorgado en 2018 al país sudamericano, entonces gobernado por el conservador Mauricio Macri.
El crédito original era superior a los 55.000 millones de dólares, el más abultado en la historia del FMI, pero fueron girados 44.500 millones de dólares, de los cuales la mayoría se destinó a pagar deuda y controlar el mercado de cambios.
El presidente Fernández definió a esta deuda “como una soga al cuello, una espada de Damocles”, pero consideró que la cesación de pagos hubiera llevado al país a un escenario de caos. Resaltó que el acuerdo alcanzado no implicará un ajuste que afecte, entre otros, los subsidios a los sectores más desprotegidos –la pobreza supera al 40% de la población–. No obstante, el FMI auditará cada tres meses la marcha del acuerdo, lo cual desde algunos sectores del oficialismo implica tener injerencia sobre la política económica que adopte el gobierno.
“No aspiro a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo”, manifestó el diputado Kirchner. “Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de ‘beneficios’”.
La vicepresidenta Fernández de Kirchner, quien ha sido muy crítica con el accionar del FMI, no se pronuncia todavía sobre el principio de acuerdo alcanzado por el gobierno que integra, aunque es inevitable suponer que comparte la visión de su hijo.
Este episodio retrotrae a la crisis interna que se disparó en el gobierno tras la derrota del oficialismo en las elecciones de medio término en 2021. La vicepresidenta apuntó contra la política económica y el mal desempeño de algunos ministros en una carta pública, lo cual provocó un cambio en el gabinete.
“Por comprensión histórica, por mandato popular y por decisión política, mi postura no busca señalar a quienes acompañan de manera crítica o directamente festejan, como he leído. Ojalá todo salga en los próximos años como el sistema político, económico y mediático argentino promete y mis palabras sean las de alguien que en base a la experiencia histórica solo se equivocó y no hizo otra cosa que dejar un lugar para seguir ayudando”, concluyó Kirchner.
