Las Cortes han respondido que se tendrán en cuenta las «reflexiones» el organismo y serán valoradas convenientemente
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Europa ha pedido a España que use la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que se está llevando a cabo en el Congreso como «una oportunidad para alinear» el contenido de esta con las «normas europeas y las normas internacionales de derechos humanos».
El escrito, firmado por la comisaria de Derechos Humanos del organismo, Dunja Mijatovic, se refiere, además, en particular a las medidas que esta norma incluye en materia de derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a solicitar asilo y la prohibición de las devoluciones en caliente.
Mijatovic cree que la reforma actual debe abordar las preocupaciones que el Consejo ya expresó sobre esta Ley en noviembre de 2018 y, en particular, sobre «el amplio margen de discrecionalidad que la redacción de la ley otorga a las fuerzas del orden para interpretarla» y que, a su juicio, «permite su posible aplicación desproporcionada y arbitraria».
En este sentido, ha denunciado que la aplicación de la ley «ha seguido dando lugar a la imposición de sanciones por motivos poco claros».
El organismo destaca en la misiva, además, la dificultad de apelar las sanciones administrativas impuestas sobre la base de la ley y la necesidad de fortalecer el marco general de rendición de cuentas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la norma.
ESPAÑA RESPONDE
Del mismo modo, recomienda a las autoridades que proporcionen a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley «orientaciones claras y obligatorias» sobre cómo actuar en cumplimiento de los estándares de derechos humanos a la hora de interceptar migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.
En respuesta a este documento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y su homólogo en el Senado, Ander Gil, han enviado a la comisaria Mijatovic una carta en la que aseguran que, durante le proceso de tramitación de la norma que está teniendo lugar en el Parlamento, las «reflexiones» que plantea «podrán ser tenidas en cuenta» y «valoradas convenientemente» por los representantes de la ciudadanía.
«Como usted señala, se trata de un proceso de revisión profundo que constituye una oportunidad para valorar la adecuación de la ley a las recomendaciones recibidas desde distintas instancias internacionales y nacionales y que será seguido con mucho interés desde la presidencia de nuestras respectivas cámaras parlamentarias», apunta la misiva.
Del mismo modo, Batet y Gil muestran su interés de que existe un «diálogo abierto» con el Consejo de Europa en esta materia y muestran su «entera disposición» para cualquier «aclaración» que el organismo necesite en un futuro.
