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Familias españolas por subrogación en Ucrania piden a Exteriores que facilite su entrada al país para recoger a bebés

En este sentido, reclaman que no debe tener cabida “desestimación o paralización por las autoridades españolas amparadas en una protección que no se solicita como impeditiva del efectivo ejercicio del derecho a la libertad de movimiento” de estas familias.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Plataforma por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania (APINGU) por gestación subrogada ha exigido al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Coopereción, José Manuel Albares, han reclamado «respeto» para sus «inminentes solicitudes de ingreso en el territorio ucraniano por los pasos fronterizos que se hallen abiertos» para recoger a los bebés gestados a través de esta práctica.

En este sentido, reclaman que no debe tener cabida «desestimación o paralización por las autoridades españolas amparadas en una protección que no se solicita como impeditiva del efectivo ejercicio del derecho a la libertad de movimiento» de estas familias.

APINGU pide de este modo que «vele por el derecho fundamental a la vida» de los niños «concebidos o ya nacidos», permitiendo «a sus padres y madres el acceso a ellos desde España antes o después de su nacimiento en Ucrania» sin «discriminación por el modo de concepción». En este sentido, ha pedido que se les «presuma como españoles», pese a las instrucción que lo impide desde 2019.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, APINGU ha recordado que antes de 2020 España no enviaba al Ministerio de Exteriores de Ucrania las notas consulares que permitían el ingreso en el país de sus ciudadanos, por lo que, según ha indicado, las familias por subrogada no podían asistir a los nacimientos.

«Una vez nacidos, quedaron postrados durante meses en casas cuna, hasta que la Defensora del Pueblo en Ucrania gestionó los pases», ha denunciado la asociación.

Es por eso que, ahora, exigen al Gobierno que esta situación de «ausencia de libertad de movimiento» no se produzca de nuevo. Según ha explicado, es «eterna para las familias» y supone una «sanción al niño».

RECLAMAN SUS DERECHOS

«Una privación de libertad de movimiento a nuestras familias formadas gracias a la gestación subrogada, en todo caso reconocidas y protegidas por el Dictamen de 10 de abril de 2019 del prevalente Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede ocasionar que, en la mejor de las hipótesis, dejemos a los bebés con una canguro en un apartamento de entradas y salidas que desconocemos; que les dejemos en un hogar o búnker masificado de bebés, de guarda privado con personal interno pero insuficiente; o que se los lleven a un orfanato público a los que España rechazó recurrir para las adopciones internacionales», ha señalado la Plataforma APINGU.

En este sentido, han señalado que los niños «neonatos», «concebidos» o «próximos al nacimiento» tienen «derecho a la supervivencia y al desarrollo, a la atención perinatal y postnatal, a unas condiciones de bienestar y sin tensiones», con «calidad, seguridad, continuidad y afecto».

A su juicio, la Instrucción que prohíbe al consulado el reconocimiento y la inscripción de la paternidad y maternidad en el Registro Civil español de estos bebés –y que está recurrida por la entidad–, en «ningún caso debe impedir» que los bebés «sean presumidos españoles y como tales tratados para la protección por acción y omisión de su vida e integridad personal».

La gestación subrogada es una práctica prohibida en España y que el ministerio de Igualdad quiere catalogar como violencia machista. En 2019, el ministerio de Justicia emitió una instrucción por la que obligaba a presentar una sentencia judicial de filiación para que los consulados en el extranjero inscribieran como españoles a los bebés nacidos por esta práctica, sin alternativa a este método.

Esto dificultó los trámites a familias en países como Ucrania y Georgia, en los que no existe esa sentencia judicial de filiación y que hasta ese momento presentaba una prueba de ADN para la incripción del menor en el consulado. Desde entonces, estas familias deben formalizar judicialmente en España la nacionalidad española de estos bebés.

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