Los derechos políticos con lo que actualmente cuentan las mujeres en México costaron tiempo, sangre y mucho esfuerzo.
Esta lucha por la equidad tuvo sus orígenes hace más de 100 años cuando Laureana Wright fundó la revista Violetas del Anáhuac, que es considerada la primera publicación feminista en México que vio la luz en 1989.
Esta revista se creó con la ilusión de motivar a otras mexicanas a participar en la vida pública de aquella época. De esta publicación nacieron otros periódicos donde las mujeres mexicanas siguieron expresando su voz e intercambiando ideas a favor de la igualdad.
Para lograr una equidad total, era necesario que las mujeres pudieran votar y ser votadas. En México los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en Yucatán, aunque hubo peticiones desde 1916.
Yucatán reconoció el voto municipal y estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; además Rosa Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos.
En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas se reconoció el derecho de votar a las mujeres en 1925.
Fue en 1937 cuando el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución para permitir votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados, sólo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, se argumentó que el voto de las mujeres “podría verse influenciado por los curas”.
La lucha se consolida
Diez años después, el 17 de febrero de 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar, pero sólo en las elecciones municipales.
Esta medida se consideró como un gran avance ya que les daba un lugar a las mujeres en la vida política del país, aunque fuera uno muy restringido. En una de las primeras jornadas electorales en Chiapas, a finales de ese mismo año, la mujer mexicana finalmente ejerció este derecho.
Tras esta larga lucha, por fin el 17 de octubre de 1953 apareció en el DOF un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular.
Pasaron 26 años de esto para que una mujer ganara una gubernatura. En 1979 Griselda Álvarez se convirtió en la primera gobernadora de Colima y de México. Estuvo al frente del estado de 1979 a 1985.
Además de Griselda, otras 14 mujeres han sido gobernadoras de sus estados ya sea porque fueron votadas o por designación de los congresos locales. Actualmente, es la primera vez en la historia que hay siete gobernadoras en funciones.
Hablando de los congresos locales, también se ha luchado por la paridad legislativa y en 2019 se aprobó en el Congreso de la Unión un proyecto de decreto que establece la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad de género en la integración de los congresos y ayuntamientos.
¿Paridad en los Congresos?
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que a principios de 2021 había mil 113 congresistas estatales que estaban en funciones, de los cuales 555 eran mujeres (49.8%).
El promedio de paridad de género en los congresos era de 49.9%. En algunos casos como Morelos, Chiapas, Coahuila y Tlaxcala se supera esta media (70, 65, 60 y 60%, respectivamente); mientras que en otros como Nayarit, Michoacán, Durango y Guerrero (37, 40, 40 y 41%, respectivamente) aún falta camino por recorrer.
No obstante, el IMCO detectó que sólo el 25% de las Juntas de Coordinación Política son presididas por mujeres, y que las comisiones que suelen ser muy importantes dentro de los congresos como Presupuesto, Fiscalización, Hacienda y Gobernación, no suelen ser presididas por mujeres.
Ante esto, el Instituto recomendó, entre otras cosas, establecer cuotas en las leyes orgánicas de los congresos para que las presidencias de órganos de gobierno y comisiones ordinarias sean ocupadas por una mujer al menos por la mitad del periodo legislativo. Asimismo, se sugiere reflejar la paridad de género en las agendas legislativas para encauzar las demandas más importantes de las mujeres.
¿El siguiente paso en esta lucha será que una mujer llegue a la presidencia?