La ley que endurece las penas para el aborto, la prohibición del matrimonio igualitario y el rechazo en la educación de temas sobre la diversidad sexual fue aprobada por el Congreso de Guatemala y generó rechazo de un sector de la población, mientras el oficialismo designó a la Ciudad de Guatemala la Capital Pro Vida de Iberoamérica.
Con 101 votos a favor de oficialistas y aliados, ocho en contra y 51 ausencias, el Parlamento aprobó la noche del martes la ley de Protección a la Vida y la Familia que contiene cambios en el Código Penal, entre ellos, el aumento de tres a 10 años de prisión a las mujeres que aborten.
La norma también amplía las penas a médicos y a aquellos que faciliten la interrupción del embarazo y la aumenta hasta 50 años de cárcel si se practica un aborto sin consentimiento.
Te puede interesar: Sinaloa despenaliza el aborto hasta la semana 13
La legislación guatemalteca exceptúa como no punible el aborto terapéutico pero la nueva ley establece más requisitos para que esta excepción se aplique.
[ El futuro de los pagos se llama Kueski PayOpens in new window ]
La aprobación va en camino contrario a lo que han hecho otros países en Latinoamérica como Colombia, México y Argentina.
Organizaciones y defensores de derechos humanos criticaron que la norma criminaliza a las mujeres que abortan y reduce los derechos humanos de las personas LGBTI.
La ley también incluye prohibiciones como la del matrimonio o el reconocimiento de la unión libre de parejas del mismo sexo.
La “Capital Pro Vida de Iberoamérica”
Además de la nueva ley, el gobierno sumó el miércoles la declaración del país centroamericano como Capital Pro Vida de Iberoamérica y la celebró este 9 de marzo, Día de la Vida y la Familia según otra norma aprobada por el Congreso en febrero.
El presidente Alejandro Giammattei dijo que el evento es “una invitación a unirnos a los guatemaltecos, a proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural, es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, enseña y hace todo o posible por respetar la vida desde su concepción”.
La nueva ley también prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas “que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.
