Activistas de Greenpeace México se encadenaron a las máquinas que construyen el tramo 5 del Tren Maya, pues alegaron que el cambio de trazo afectará a por lo menos un tramo de 30 kilómetros por 60 metros de ancho, por lo que exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador detener dichas obras sobre un proyecto que se impuso a las comunidades.
Fue la mañana de este lunes cuando distintas organizaciones se dieron cita en las obras de dicho tramo que irá de Cancún a Tulum, ambos puntos en Quintana Roo, en donde también desplegaron una manta en la que se pide proteger la selva maya porque se dejó a un lado la promesa de realizar la obra sobre el derecho de vía que tiene el gobierno federal y porque no hay una Manifestación de Impacto Ambiental, hecho que va en contra de las leyes establecidas.
“Nos preocupa que no exista una Manifestación de Impacto Ambiental lo cual, además de incurrir en un acto ilegal, da paso a daños irreversibles en el ecosistema. Esta ruta, tal como está planteada, fragmentará, deforestará, defaunará, contaminará y pondrá en riesgo aún más a la selva, a los ríos y a las comunidad. Los proyectos de infraestructura, desarrollo económico y turísticos no deben derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la violación a los derechos humanos”, dijo Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
Algunas de las afectaciones que se podrían ocasionar son que su construcción sobe suelo no apto puede causar inmensos colapsos, contaminar el agua subterránea por la perforación para la instalación de pilotes y demás estructuras, al pasar sobre varios sistemas de cuevas y ríos subterráneo podría dañar a diversos ecosistemas.
“Esta intervención generará un desequilibrio ecológico irreversible que pone en peligro a especies que en ellas habitan, entre las que destacan dos especies de peces ciegos que se encuentran en peligro de extinción. El mar Caribe comienza en las cuevas y en sus cuencas de captación, todo lo que le suceda a los sistemas subterráneos de Quintana Roo, impactará directamente al mar Caribe”, añadió Lara.
Finalmente, Tania Ramírez, de Siempre Unidas, colectivo de mujeres del municipio de Solidaridad, enfatizó que “este es un proyecto que se nos ha impuesto y que no pedimos, ya que la consulta pública no cumplió con el proceso de consulta indígena mandatado por leyes internacionales”.
