AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — Tres hombres fueron sentenciados en Estados Unidos a penas en prisión federal como parte de una investigación de lo que las autoridades dicen fue una vasta conspiración para traer a trabajadores de Centroamérica para hacer trabajos forzados en granjas en Georgia.
Los tres fueron imputados en causas separadas, pero relacionadas con una pesquisa federal llamada Blooming Onion, precisaron los fiscales en una nota de prensa.
Las autoridades dicen que los trabajadores agrícolas fueron traídos a Estados Unidos usando el programa de visas agrarias H-2A y que los acusados se beneficiaron de su trabajo pagándoles menos que lo debido y forzándolos a vivir en condiciones pésimas.
“Estos hombres participaron en facilitar una esclavitud de los tiempos modernos”, afirmó el fiscal federal David Estes en una nota de prensa.
“Nuestros socios en la aplicación de la ley han expuesto un mundo clandestino de tráfico humano y nosotros continuaremos identificando y llevando ante la justicia a quienes explotan a otros cuyo trabajo alimenta su avaricia”.
Javier Sánchez Mendoza Jr. se declaró culpable de asociación ilícita para cometer trabajo forzado y fue sentenciado a 30 años en prisión. Aurelio Medina, de 42 años, se declaró culpable de cometer trabajo forzado y fue sentenciado a cinco años y cuatro meses. Yordon Velazquez Victoria, de 45 años, fue sentenciado a 15 meses en prisión tras declararse culpable de asociación ilícita.
Mendoza y Medina son ciudadanos mexicanos que viven ilegalmente en Estados Unidos y están sujetos a deportación una vez que cumplan sus sentencias, precisó la fiscalía.
Sánchez Mendoza admitió que desde agosto de 2018 hasta noviembre de 2019 encabezó una organización para proveer mano de obra y servicios a granjas y otros negocios en los condados de Glynn, Ware y Pierce, en Georgia, precisó la nota de prensa. Reclutó a más de 500 personas de Centroamérica y les cobró ilegalmente por las visas H-2A, retuvo sus documentos de identificación y los forzó a trabajar por poca paga o ninguna en condiciones terribles, amenazándolos a ellos y a sus familias.
Medina admitió que desde abril hasta octubre de 2020 le cobró a trabajadores extranjeros por sus visas H-2A y entonces retuvo sus documentos en los condados de Glynn y Effingham. Velazquez Victoria, ciudadano estadounidense naturalizado, admitió que le permitió a Medina usar su nombre para solicitar las visas H-2A y se le pagó 600 dólares semanales para llevar a los trabajadores de sus albergues al trabajo.
