Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el candado de 10 años para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas, contenido en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Al considerar que la medida es desproporcional y no es adecuada para prevenir posibles actos de corrupción por parte de los ex servidores públicos, los ministros acompañaron la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández, quien en su exposición destacó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, indica el proyecto realizado por la ministra.
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Durante el debate el ministro presidente, Arturo Zaldívar, afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo y que la ley resulta sobreinclusiva, lo que hace esta porción de la misma inconstitucional.
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“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo que es sobreinclusiva”, dijo.
El Pleno de la SCJN también avaló la propuesta de declarar constitucional la facultad de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para agregar nuevas infracciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
Asimismo, declararon que el Congreso de la Unión no violó el procedimiento legislativo para promulgar la ley ni invadió facultades de la Cámara de Diputados sobre la legislación en materia presupuestal y avaló la conformación del Comité de Evaluación que realizará informes para recomendar mejoras en las medidas de austeridad y ahorro de los recursos públicos.
Durante la sesión, los ministros acordaron establecer que la Ley no aplica a otros poderes de la unión ni a organismos constitucionalmente autónomos.
El debate no concluyó, por lo que este martes los ministros continuarán con el análisis del último tema para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra esta ley impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esta última parte, la ministra busca eliminar la facultad del Ejecutivo federal para decidir, de manera discrecional, cómo gastar los recursos ahorrados por la administración pública federal.
