JOHANNESBURGO (AP) — Sudáfrica declaró estado nacional de catástrofe y destinó 67 millones de dólares para ayudar a los damnificados por las inundaciones que han causado al menos 448 muertos en la ciudad oriental de Durban y la provincia circundante de KwaZulu-Natal.
Cerca de 4.000 viviendas han quedado destruidas y más de 40.000 personas han sido desplazadas por las aguas crecidas y los aludes de tierra provocados por lluvias intensas y prolongadas, informaron el martes funcionarios provinciales. Más de 40 personas siguen desaparecidas y unas 600 escuelas han sufrido daños calculados en unos 28 millones de dólares, según las autoridades.
El ejército ha desplegado 10.000 soldados en la llamada Operación Chariot para ayudar con los esfuerzos continuos de búsqueda y rescate, entregar alimentos, agua y ropa a las víctimas de las inundaciones y reconstruir carreteras y puentes colapsados. Se han enviado camiones cisterna con agua potable a las zonas donde se ha interrumpido al servicio y los equipos están trabajando para restablecer la electricidad en grandes áreas.
Con ayuda de palas, algunos estudiantes sacaban lodo de algunas escuelas inundadas.
Al visitar algunas de las zonas inundadas la semana pasada, el presidente Cyril Ramophosa culpó al cambio climático por las lluvias sin precedentes, las más intensas en al menos 60 años. Al anunciar el estado del desastre en un discurso televisado el lunes por la noche, Ramaphosa prometió que los fondos del gobierno para las víctimas de las inundaciones no se perderán debido a posibles actos de corrupción.
“No puede haber lugar para la corrupción, la mala gestión o el fraude de ningún tipo”, aseguró Ramaphosa.
“Gracias a lo aprendido de la experiencia durante la pandemia de COVID-19, estamos reuniendo a varias partes interesadas para que formen parte de una estructura de supervisión que garantice que todos los fondos desembolsados para responder a este desastre se contabilicen adecuadamente y que el Estado reciba una buena relación calidad-precio”, afirmó.
Ramaphosa habló después de que la Unidad de Investigación Especial del Estado descubriera actos de corrupción con fondos estatales que se suponía ayudarían a la nación a responder a la pandemia de COVID-19. El exministro de Salud Zweli Mkhize renunció después de que la investigación descubriera que empresas vinculadas a su familia se beneficiaron de contratos inflados.
