MIAMI (AP) — El primer ministro de las Islas Vírgenes británicas exigió el lunes ser puesto en libertad inmediatamente de custodia estadounidense, argumentando que tiene inmunidad judicial debido a que es el mandatario constitucionalmente elegido de un territorio británico.
Una abogada del primer ministro Andrew Fahie entregó la solicitud ante un tribunal de Miami.
Fahie, de 51 años, fue arrestado la semana pasada durante una operación encubierta de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) cuando se disponía a abordar un jet privado rumbo a Miami.
Según el expediente policial, Fahie y Oleanvine Maynard, su director de asuntos portuarios, estaban en el aeropuerto para reunirse con personas que ellos pensaban eran narcotraficantes mexicanos, pero que en realidad eran agentes de la DEA. Según el expediente, Maynard hace referencia a Fahie como “un pequeño bandido a veces” que no se inhibe de ganar dinero de un plan elaborado junto con supuestos miembros del grupo armado libanés Hezbollah para mover grandes cantidades de droga por la isla caribeña.
El sorpresivo arresto estremeció a las Islas Vírgenes británicas, donde Fahie ya enfrenta acusaciones de corrupción y donde parecían surgir pedidos de suspender la Constitución y regresar a una administración directa desde Londres para luchar contra la corrupción.
La abogada de Fahie no respondió a pedidos de comentarios y su petitorio de dos páginas no ofrece detalles sobre el argumento de inmunidad. Fahie, quien funge además como ministro de Hacienda, al parecer se dirigía a Miami para asistir a una conferencia sobre la industria de los cruceros y había designado a otro funcionario como primer ministro interino durante su ausencia.
Cualquier intento de argumentar inmunidad probablemente encarará muchos obstáculos.
“La inmunidad diplomática no te protege si estás viajando a modo privado”, explicó Dick Gregorie, quien fue fiscal federal en Miami en la década de 1980 y encabezó el proceso contra el entonces primer ministro de Turcos y Caicos —otro territorio británico— y luego contra el dictador panameño Manuel Noriega.
Aun así, iniciar un proceso judicial contra funcionarios de otros países es algo sumamente inusual. Una medida así contra el máximo funcionario electo de una isla caribeña muy probablemente tuvo que aprobarse en los más altos niveles de los departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos.
