SANTIAGO (AP) — La Convención Constitucional chilena votaba el sábado las últimas normas del borrador de Constitución que propondrán a los chilenos para reemplazar a la impuesta por una dictadura militar hace 41 años, la que postula que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural”.
La propuesta reconoce por primera vez a nivel constitucional la existencia de 11 pueblos originarios, en un país en que los indígenas son el 12,8% de los 19 millones de chilenos.
Entre las más de 400 normas propuestas por los convencionales hay varias que despiertan controversia entre los chilenos, como la que elimina el Senado, la que crea sistemas de justicia paralelos –uno nacional y otro indígena– y la exigencia de paridad en las direcciones de órganos públicos y semipúblicos.
Además proponen nuevos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una vivienda digna, al trabajo decente, remuneración equitativa, justa y suficiente y una igual remuneración por igual trabajo.
El proceso constitucional chileno surgió de un acuerdo político transversal en noviembre de 2019 después de un estallido social y masivas protestas contra las desigualdades. Casi un año después el 78% de los chilenos votó por cambiar la Constitución.
Los 155 redactores de la nueva Constitución, la mayoría de izquierda, fueron electos hace un año y el sábado votaban las últimas normas del proyecto constitucional que los chilenos aprobarán o rechazarán en un plebiscito el 4 de septiembre. Si es rechazado, seguirá vigente la impuesta por el dictador Augusto Pinochet.
Los convencionales dejaron una gran cantidad de normas enunciadas y, de ser aceptadas, deberá implementarlas el Congreso.
Esta semana el gobierno del presidente Gabriel Boric, continuando con la política vigente, anunció que este año se destinarán 40 millones de dólares a la compra de tierras para entregar a indígenas, cifra que subirá a 86 millones de dólares en los años siguientes.
Los convencionales aprobaron por más de 2/3, al igual que las restantes normas, un artículo que pone fin al Estado subsidiario vigente y lo reemplaza por un “Estado Social y Democrático de Derecho”. Además, aprobó otros artículos que señalan que la chilena será una “Democracia Paritaria” y que el Estado deberá promover “una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva”.
También aprobó una norma que indica que todos los órganos del Estado, “empresas públicas y semipúblicas deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres”.
Desde el próximo martes funcionarán las comisiones de Armonización –para hacer más pulcra y coherente la propuesta– y de Normas Transitorias, que fijarán los plazos para pasar de la actual institucionalidad a la nueva.
Hasta marzo pasado variadas encuestas señalaban que la mayoría de los chilenos aprobaba la propuesta constitucional en el plebiscito. Sin embargo, las cifras comenzaron a cambiar en mayo, cuando un sondeo de Plaza Pública Cadem indicó que un 48% de los consultados dijo que la rechazaría y un 35% la aprobaría. Otras empresas entregaron porcentajes similares.
Entre las causales para rechazar el texto, según el sondeo, un 55% señaló desconfiar de los convencionales y un 44% estaba en desacuerdo con las normas propuestas. No pocos convencionales protagonizaron riñas internas y otros se convirtieron en activistas políticos o presentaron proyectos inviables que fueron rechazados por el pleno.
“Yo no acepto que a la Convención se le meta a todos en el mismo saco por las tonteras que han hecho un par de convencionales”, dijo Boric a comienzos de mes y agregó que “mi opción personal es que tengamos una nueva Constitución el 4 de septiembre”.
