Un juez envió a la cárcel para ser procesado por usurpación de funciones a un líder estudiantil de 52 años que lleva casi 33 años sin graduarse y que cobraba un jugoso salario del Estado como dirigente de las universidades públicas de Bolivia.
Max Mendoza será enviado a prisión preventiva por seis meses mientras es investigado y procesado también por conducta antieconómica.
Mendoza es presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia desde 2018, el máximo cargo estudiantil, y antes ocupó otros puestos desde que ingresó a la universidad a inicios de 1990. Nunca se tituló de las varias carreras que cursó y permanece como delegado estudiantil ante esa instancia con un salario mensual equivalente a poco más de 3 mil dólares, diez veces el salario mínimo.
Según la investigación de la Fiscalía, Mendoza logró permanecer en el cargo con la excusa de la pandemia de Covid-19 que obligó a las universidades a dar clases virtuales durante dos años.
“No reunía los requisitos, no tenía una licenciatura para ejercer el cargo”, declaró el lunes el juez que aprobó la detención, Javier Vargas. “Mendoza necesitaba título universitario para ejercer. Las investigaciones van a seguir” en contra de otros dirigentes, dijo a su vez el fiscal William Alave.
El caso llevó a la Fiscalía a investigar otras denuncias contra varios dirigentes universitarios que se han eternizado en los cargos para obtener ventajas económicas del presupuesto que el Estado otorga a las universidades públicas y que cada casa de estudios administra a su modo ya que por ley poseen autonomía.
El dirigente será enviado en las próximas horas a la principal cárcel de La Paz, dijo Alave.
El caso salió a luz a principios de mes tras la muerte de cuatro jóvenes universitarias en una estampida humana durante una multitudinaria asamblea estudiantil en la sureña ciudad de Potosí. Una granada de gas explotó entre la multitud supuestamente activada por dirigentes que evitaban convocar a comicios.
La autonomía universitaria emergió de las luchas sociales en América Latina para evitar la intromisión del poder político. Cada año el Estado gasta unos 500 millones de dólares -el equivalente al 1.5 % del Producto Interno Bruto- en 15 universidades públicas en las que estudian unos 700 mil alumnos.
