LIMA (AP) — El gobierno del presidente peruano Pedro Castillo convocó al mismo tiempo a la Iglesia católica y a la policía para solucionar un largo conflicto entre campesinos quechuas de los Andes y una de las minas de cobre más grandes del mundo, cuya producción está paralizada desde hace casi 50 días.
Los campesinos acusan a la mina Las Bambas, controlada por la estatal china Minmetals mediante su filial MMG Limited, de no cumplir sus promesas. Cientos de pobladores de una de las comunidades ingresaron hace un mes a los terrenos de la minera y no han podido ser desalojados por la policía.
La Iglesia católica dijo el martes en un comunicado que fue convocada por Castillo, pero al mismo tiempo la policía anunció que trabajan un plan para desalojar a los campesinos de la comunidad de Huancuire. “Tenemos necesariamente que disolver está agrupación de personas, sin llegar a lesionar”, dijo el general Roger Pérez jefe de la policía de Apurímac, la región donde está ubicada la mina.
"Primero tenemos que ir a conversar en una comisión, pero si hay intransigencia vamos a tener que usar la fuerza para desalojarlos”, añadió el jefe policial a la radio local RPP.
Los campesinos muestran escepticismo frente a la actitud del gobierno de convocar al mismo tiempo a la iglesia y a la policía. “Parece que los mensajes del Estado son contradictorios”, dijo a The Associated Press el abogado Luis Muñoz, quien asesora a una de las comunidades en conflicto llamada Fuerabamba.
Perú acumula 209 conflictos en todo su territorio, de los cuales el 63% son de origen socioambiental ligados a actividades extractivas incluida la minería, según la Defensoría del Pueblo. El conflicto en Las Bambas se fue acumulando a lo largo de los años sin que los últimos gobiernos lo hayan resuelto.
El gobierno del presidente Pedro Castillo, que inició su gestión hace 10 meses, ha cambiado cuatro veces de primer ministro y cinco veces de titular del Ministerio de Energía y Minas.
La escasa continuidad de ministros en el cargo y la debilidad política del mandatario, que enfrenta incluso una investigación fiscal por presunta organización criminal, no ha permitido que los funcionarios logren acuerdos para apaciguar los conflictos entre las comunidades y las mineras.
La minería es clave para los ingresos fiscales de Perú y constituye aproximadamente el 60% de las exportaciones en un momento en que el precio del cobre sigue elevado en medio de una inflación mundial y el conflicto ruso en Ucrania.
