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La UE acuerda que las grandes empresas tengan que informar sobre riesgos medioambientales y sociales

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo de principios sobre la nueva norma que obligará a las grandes empresas europeas a dar explicaciones públicas del impacto de su actividad en clave medioambiental, asuntos sociales y gobernanza.

Archivo - Chimeneas emitiendo humo a la atmósfera GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo (GOBIERNO DE CANARIAS/Europa Press)

BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)

El objetivo es que la sostenibilidad se convierta en uno de los "pilares del rendimiento" de las compañías europeas frente a las estrategias que priorizan los beneficios a corto plazo y que la UE se convierta en un referente en esta materia en el diseño de normas internacionales, según ha destacado la Eurocámara en un comunicado.

La revisión de la directiva sobre rendición de cuentas busca además asegurar mayor transparencia respecto a las actividades de las empresas tanto al público como a los inversores.

Las nuevas normas, que no entrarán en vigor hasta que el pleno del Parlamento Europeo y los Veintisiete adopten formalmente el pacto anunciado la pasada noche, se aplicarán a todas las empresas con más de 250 empleados y 40 millones en cifra de negocios e independientemente de que coticen en Bolsa o no.

Una vez los colegisladores den su visto bueno definitivo, la nueva norma será publicada en el Diario Oficial de la UE y los gobiernos tendrán un plazo de 18 meses para trasladar la nueva legislación a sus leyes nacionales.

Así, con la revisión de la directiva de rendición contable, estas compañías tendrán que hacer públicas informaciones sobre los riesgos medioambientales y sociales de su actividad, así como otros datos relacionados con su impacto en materia de Derechos Humanos -por ejemplo en las relaciones con proveedores de países con estándares menos exigentes--, lucha contra la corrupción y normas deontológicas.

Además, las informaciones que difundan sobre la repercusión de las empresas en cuestiones como la lucha contra el cambio climático o la defensa de los Derechos Humanos necesitarán ser evaluadas y certificadas por un órgano independiente.

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