MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la pretensión del exembajador español en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y no abrirá una pieza separada para esclarecer el origen de las fuentes de prueba contenidas en dos informes de la UDEF aportados a esta causa, en la que se investiga si el diplomático y su entorno familiar recibieron fondos de la petrolera PDVSA.
En un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Segunda descartan la petición de Raúl y su hijo Alejo asegurando que, al contrario de lo que sostienen, no se ha producido "injerencia alguna en la esfera de privacidad de los mismos" a la hora de recabar la documentación aludida.
Fue el pasado mes de abril cuando el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, declaró la improcedencia de abrir una pieza separada. Los Morodo presentaron un recurso de apelación ante la Sala buscando revertir su decisión, pero la Fiscalía se alineó con el juez y lo rechazó.
En concreto, resume la Sala, los Morodo pretendían con esa pieza ahondar en el origen de los elementos probatorios contenidos en dos informes de la UDEF "al entender que la fuerza actuante pudo obtener la documentación que los sustenta de manera ilícita, al margen de cualquier control judicial o fiscal".
Así las cosas, los magistrados recuerdan que los investigadores aclararon que "la fuente de conocimiento sobre los datos bancarios incorporados a sus informes procede de 'inteligencia financiera', esto es, del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y de la documentación procedente de otro procedimiento judicial": el que se sigue en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Con todo, la Sala deja claro que "no se puede ahora cuestionar aquí la legitimidad de la fuerza actuante para analizar la información proporcionada por el SEPBLAC". Así, y "sin perjuicio del carácter confidencial que la ley otorga a esos informes de inteligencia financiera", la Sala recuerda "que fue la fuerza actuante la que solicitó al juez la expedición de mandamientos requiriendo a diversas entidades bancarias precisamente la misma documentación bancaria que manejó en sus informes".
UNA PETICIÓN INJUSTIFICADA
Así, y de acuerdo con la legalidad, de "lo actuado hasta ahora por la policía judicial no se justifica la petición de los recurrentes", toda vez que la propia ley establece que no se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento y comunicación de datos que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones contenidos en la Ley de prevención del blanqueo de capitales.
"Es más, tampoco se requerirá el consentimiento de los interesados para la comunicación de datos a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o sus órganos de apoyo puesto que se prevé en la norma una obligación de colaboración de los sujetos obligados con estas entidades", añade el auto.
Por otro lado, y en relación a parte de la documentación que la policía incorporó a uno de los informes "como consecuencia de un hallazgo casual en la entrada y registro practicada en el curso de otras diligencias judiciales", la Sala asegura que esa "incorporación a la causa estaba amparada por dicho hallazgo".
"Otra cosa" distinta es, añaden, "el alcance que pueda tener la declaración del testigo Nervis Villalobos -exviceministro venezolano-- que aclaró las razones por las que dicha documentación estaba en su ordenador".
LA CAUSA CONTRA EL EXEMBAJADOR
En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, el juez indaga en los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana PDVSA.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores señalan que los Morodo habrían recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA "carentes de justificación real y lógica comercial". La Fiscalía apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
