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El Comité del 68 Pro Libertades Democráticas demandó la extinción de dominio de los “cuantiosos” bienes del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, para que sean aplicados a la reparación del daño de las víctimas de la matanza de 1968 y de 1971.
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“No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, sentenció al fijar postura sobre el deceso del exmandatario priista.
Indicó que la muerte de Echeverría Álvarez, “uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre de 1968, del crimen de Estado del 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la Guerra Sucia”, no extingue la causa por un crimen de Estado, consideró el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas.
Por lo que exigió al gobierno federal continuar con los procesos judiciales contra los perpetradores conocidos que continúan “gozando de impunidad y la protección del poder político oficial”.
“Exigimos una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune y jamás se vuelva a cometer. Les recordamos a las instancias encargadas de impartir justicia que los crímenes de lesa humanidad no prescriben”.
Al fijar postura sobre el deceso de Echeverría Álvarez, el Comité del 68, integrado por exdirigentes estudiantiles de 1968 y 1971, recordó que durante más de medio siglo ha luchado por el esclarecimiento de los hechos ocurridos en 1968 y 1971 y la exigencia de justicia.
Mediante un comunicado, recordó que, pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta hoy, logró que se abriera un proceso penal contra el exmandatario priista y otros corresponsables, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la comisión del delito de genocidio.
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“Echeverría pasó más de 2 años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir que nunca fue exonerado, se le dejó en libertad bajo las reservas de ley amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de la PGR, ahora Fiscalía General de la República”.
Reiteró que las víctimas de estos hechos históricos, insisten en el acceso pleno a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.
