Se supone que los vehículos blindados que asigna el gobierno a cientos de individuos que podrían ser blanco de atentados aumenta su seguridad. Pero cuando una periodista descubrió que estaban equipados con rastreadores satelitales, se sintió más vulnerable todavía. Y furiosa.
Nadie le había informado a Claudia Julieta Duque --ni aparentemente a los 3.700 periodistas, militantes de la causa de los derechos humanos, líderes indígenas y sindicalistas que usan esos vehículos-- que ese equipo seguía sus pasos. En el caso de Duque, lo hacía cada 30 segundos. El sistema podía también apagar el motor de la camioneta.
Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 500 militantes de esa causa han sido asesinados desde el 2016. Es también un país donde extremistas de derecha a menudo se infiltran en los organismos de seguridad.
Para Duque, la revelación de que seguían paso a paso sus movimientos fue escalofriante: Personas que ya corrían peligro de ser asesinadas por su activismo político estaban siendo rastreadas con tecnología que podía ser usada en su contra.
“Es una vaina superinvasiva y muy grave”, dijo Duque, quien ha estado en la mira de agentes del aparato de seguridad que actúan por su cuenta. “Y al estado no parece importarle”.
El organismo del gobierno responsable de este programa dice que los rastreadores son instalados para prevenir robos, seguir los pasos de los guardaespaldas que a menudo conducen esos vehículos y facilitar la respuesta ante situaciones de peligro.
Durante una década, el gobierno ha estado instalando rastreadores en los vehículos blindados usados por individuos en peligro y grandes personalidades, incluidos presidentes, ministros y senadores. El director de la dependencia confirmó esto luego de que Duque se enteró el año pasado de que el sistema estaba registrando la ubicación de su camioneta un promedio de cinco veces por hora.
El funcionario restó importancia al tema de la privacidad y dijo que esa era una práctica “fundamental” para garantizar la seguridad de las personas.
Duque considera que el rastreo de sus movimientos es un peligro para ella y para sus fuentes, y pidió detalles sobre las capacidades del equipo. La Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo, no aportó muchos. Ella exigió entonces que le retirasen ese equipo, algo que fue denegado. Como consecuencia de ello, en febrero devolvió el vehículo, se fue del país y acudió a los tribunales.
Ahora, de vuelta en Colombia, espera que sus inquietudes sean satisfechas cuando asuma Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, el 7 de agosto.
El equipo de transición de Petro no respondió a preguntas de la Associated Press sobre este tema.
La decisión que tome Petro en relación con este asunto podría revelar hasta qué punto está comprometido con la causa de los derechos humanos y en qué medida puede reformar un aparato de seguridad nacional creado por sus acérrimos rivales políticos.
La UNP es un pilar del aparato de seguridad. Emplea, sobre todo como guardaespaldas, a decenas de ex agentes de la antigua DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), disuelta en el 2011 luego de que trascendiese que el gobierno de Álvaro Uribe la había usado para espiar a jueces de la Corte Suprema, a periodistas y a rivales políticos.
Entre ellos, el propio Petro y Duque.
Ella fue vigilada, amenazada y hostigada por elementos de la DAS después de descubrir pruebas de que el asesinato en 1999 de Jaime Garzón, un humorista y pacifista muy querido, había sido un crimen del estado.
La investigación de Duque ayudó a que un ex subdirector de la DAS fuese condenado por el asesinato y a que otros tres ex agentes de la DAS fuesen condenados por torturas psicológicas tras amenazar a Duque y a su hija.
Otros ocho imputados tienen juicios pendientes.
En total, Duque tuvo que exiliarse temporalmente casi una docena de veces por su trabajo.
El rastreo satelital se sumó a una serie de inquietudes en torno a un organismo que alguna vez fue uno de los más efectivos de América Latina en lo que respecta a la protección de los derechos humanos. Adam Isacson, analista de la Washington Office on Latin America, dijo que con el tiempo la UNP se fue politizando y fue penetrada por delincuentes bajo el gobierno conservador saliente.
“Hubo líderes sociales asesinados prácticamente día por medio durante los últimos cuatro años. Fue el peor momento para que esta unidad se desmoronase”, manifestó.
La actividad de escuadrones de la muerte derechistas aumentó después de la firma de un histórico acuerdo de paz en el 2016 entre el gobierno y rebeldes de izquierda.
Duque dice que recibió información sobre los rastreadores satelitales con GPS a principios del 2020, cuando se enteró de que planeaban matarla, y que al preguntar por ello, el gobierno evadió responder durante un año.
Cuando finalmente consiguió los documentos corroborativos con la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comprobó que su ubicación había sido registrada 25.183 veces en 209 días, entre febrero y agosto del año pasado. Un manual del software usado describía una cantidad de funciones disponibles, como cámaras operadas a control remoto y puertas que podrían ser trabadas a la distancia, usando las computadoras de los vehículos.
Duque preguntó si esas funciones estaban habilitadas en los vehículos del gobierno, pero dijo que no le respondieron. El gerente general de la compañía que suministra el software de rastreo satelital con GPS declaró a la AP que solo rastrea la ubicación y la velocidad del vehículo, y que también puede apagar el motor.
Un contrato del 2021 con la empresa que alquila los vehículos obtenido por Duque estipula que un funcionario de la UNP debe aprobar el apagado del motor y que la información recabada debe ser preservada por al menos dos años. Nada en el contrato sustenta la afirmación de la UNP de que el sistema sigue los pasos de los guardaespaldas y facilita reacciones rápidas en caso de situaciones de peligro.
Funcionarios de la UNP declinaron responder a preguntas de la AP. No hay indicios de que el rastreo satelital con GPS haya causado daños a las personas bajo la protección del gobierno.
Funcionarios de la unidad se ofendieron el año pasado cuando Duque cuestionó sus intenciones.
“No perseguimos ni hacemos seguimientos ilegales”, aseguró el director de la unidad Alfonso Campos en un tuit en octubre. “Esta información recopilada por el GPS es privada y reservada, y solo se le hace entrega a un juez o a una autoridad judicial si es requerida en un caso particular y por temas de seguridad”.
La AP preguntó a la Fiscalía General si había hecho alguna solicitud, pero no recibió respuesta.
Expertos en temas de seguridad dicen que el seguimiento que hace el gobierno colombiano es ilegal y desproporcionado, y representa un riesgo innecesario de hackeo.
Bajo las leyes de privacidad aprobadas en el 2012, los individuos afectados deben aprobar la retención de esa información. Pero nunca fueron consultados, de acuerdo con Emmanuel Vargas, experto en las leyes de privacidad que asesora a Duque.
No hay indicios de que el GPS haya ayudado a proteger al líder indígena Miller Correa, quien fue secuestrado y asesinado a mediados de marzo mientras manejaba solo por una carretera rural. El equipo rastreador permitió posteriormente recuperar su vehículo del gobierno, que no era blindado.
Una carta de junio del 2021 del gobierno a la CIDH dijo que la UNP había tomado “todas las medidas necesarias” para garantizar que los funcionarios de la unidad no tuviesen acceso a la información de las personas bajo protección. Pero en una carta de diciembre enviada a Duque, la unidad dijo que no controlaba la protección de la información en forma directa. Señaló que eso estaba en manos de un administrador.
Cuando Duque dio a conocer el resultado de su investigación, varias figuras prominentes expresaron desconfianza en el servicio ofrecido por el aparato de seguridad del gobierno.
Uno de los que lo hizo fue el periodista Julián Martínez, cuyo libro acerca de la infiltración de narcoparamilitares corruptos en la DAS ganó un premio nacional de periodismo en el 2017.
Los guardaespaldas que le asignó el gobierno a Martínez no se habrían limitado tan solo a espiarlo luego de que publicase artículos sobre la presunta corrupción de funcionarios del gobierno saliente que estarían involucrados con el narcotráfico. Los acusa de haber recabado también material para una campaña de desprestigio montada por su jefe, un contratista de afuera que supo trabajar para la DAS.
En febrero, el vehículo blindado de Martínez fue atacado en Bogotá por individuos armados que habrían sido ahuyentados por sus guardaespaldas. Él estaba en las cercanías en ese momento y nadie resultó herido. Martínez no cree que se haya tratado de un intento de robo, como sospechan los investigadores.
“En realidad el esquema de protección se vuelve un esquema de control”, declaró desde Argentina, adonde se fue el mes pasado, tras denunciar un supuesto complot para retirarle la protección con el pretexto de que estaba abusando de ella.
Alberto Yepes, importante militante de la causa de los derechos humanos que ayuda a familiares de las víctimas de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, está convencido de que la UNP está siendo usada para espiarlo. Sospecha que los cables para teléfonos celulares que descubrió en septiembre en el vehículo que le había suministrado el gobierno podían ser usados para escuchar sus conversaciones.
Yepes dice que no sabe si Petro podrá reformar la unidad de protección debido al fuerte involucramiento de contratistas con antecedentes militares.
“Es difícil que cambie con el nuevo gobierno”, declaró. “Van a tener que hacer una negociación”.
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Astrid Suárez colaboró en este despacho desde Bogotá.
