SAN SALVADOR (AP) — El Ministerio Público salvadoreño giró el jueves órdenes de captura contra 15 personas, entre ellas empleados de la casa presidencial y del Estado Mayor Presidencial, acusadas de peculado y lavado de dinero.
Los imputados habrían lavado 183,8 millones de dólares del presupuesto de gastos reservados de la presidencia durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
También habrían desviado 3,9 millones de dólares de los fondos de las donaciones del gobierno de Taiwán.
En agosto de 2020 el gobierno del exguerrillero Sánchez Cerén anunció que El Salvador rompía relaciones con Taiwán e inmediatamente las estableció con la República Popular China.
Las autoridades no han revelado los nombres de los involucrados en este nuevo acto de corrupción y únicamente han reportado la captura de Jorge Antonio Revelo, jefe del Estado Mayor Presidencial, y Daysi Armida Díaz, tesorera institucional de la presidencia durante el gobierno de Sanchez Cerén.
A estas capturas se suma la de Alexander Benítez Peña, propietario de un taller y supuesto proveedor de servicios a la presidencia.
A Revelo se lo acusa de gestionar pagos salariales complementarios para los integrantes del Estado Mayor sin cumplir los requisitos de ley-
En tanto, la extesorera habría firmado 193 cheques de cuentas institucionales y transferido esos fondos a seis cuentas particulares que a su vez fueron enviados a otra cuenta, lo que permitió a los imputados disponer libremente de ese dinero.
Según la investigación, 155 millones de dólares fueron retirados en efectivo y el resto fue destinado al pago de supuestos proveedores que no tendrían ninguna relación con la presidencia.
En junio de 2021 un juez decretó la detención provisional de 10 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), entre ellos el expresidente Sánchez Cerén, para que fueran procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La acusación contra Sánchez Cerén es en su carácter de vicepresidente durante el gobierno de Funes, durante el que también se desempeñó como ministro de Educación y según la Unidad de Lavado de Dinero y Activos del Ministerio Público recibió fondos ilícitos por un total de 530.000 dólares.
Un día después de que se el juez emitiera una orden de búsqueda y captura internacional contra el exmandatario el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Cerén. Además, fueron nacionalizados su esposa, su hija y su nieto.
La constitución nicaragüenses prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
