CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El embajador de Estados Unidos para la Libertad Religiosa denunció el jueves que el gobierno de Nicaragua tiene en prisión a 11 religiosos y ha forzado al exilio a varios más como parte de una campaña de ataques y persecución a la Iglesia católica de ese país.
Rashad Hussain ofreció una rueda de prensa en Nueva York junto a los defensores de derechos humanos nicaragüenses Juan Carlos Arce y Leyla Prado en el marco del 77 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Es particularmente alarmante el incremento de los ataques” del gobierno de Daniel Ortega a la Iglesia católica y sus fieles, dijo el diplomático y asesor del presidente Joe Biden en asuntos religiosos.
Agregó que en los últimos meses el gobierno nicaragüense cerró 10 radioemisoras católicas y expulsó a 18 monjas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta que laboraban en el país desde hace muchos años.
Indicó que Ortega también obligó al exilio a varios sacerdotes y que envió a prisión a otros seis, la mayoría sin cargos, así como a dos seminaristas, un diácono y un laico, todos ellos colaboradores del obispo Rolando Álvarez, quien permanece bajo arresto domiciliario desde hace 42 días.
Hussain acompañó en la conferencia a Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien dijo que su país vive “una situación dramática” porque el gobierno sandinista está decidido a eliminar cualquier signo de disidencia.
Arce recordó que en marzo Ortega expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Sommertag, quien en 2019 había intercedido por una amnistía para los opositores presos. Destacó que de las más de 1.800 organizaciones no gubernamentales clausuradas por el gobierno este año, 29 eran de carácter religioso, incluidas escuelas y universidades católicas.
Sobre el obispo Álvarez dijo que el prelado se encuentra “en desaparición forzada”, pues se desconoce su situación y “nadie lo ha visto” desde que la policía lo confinó a una vivienda en Managua el 19 de agosto y con vigilancia permanente.
Según Arce esta semana el gobierno nicaragüense prohibió las populares procesiones religiosas de la ciudad de Masaya, vecina a la capital, y de Camoapa, en el centro del país. “La población ya no puede expresar su fe en la calle, esto violenta la libertad religiosa y de expresión”, afirmó.
Por su parte Prado, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, dijo que Ortega quiere “callar a la Iglesia católica” y ha implantado “una persecución sistemática de las voces críticas” o disidentes.
Prado señaló que de los 11 religiosos encarcelados tres han sido procesados “en juicios espurios, contradictorios e ilegales” y de éstos dos fueron acusados por supuestos delitos comunes y no tuvieron derecho a una defensa independiente.
“El gobierno mantiene una espada de Damocles sobre la Iglesia: silencio, cárcel o destierro”, aseguró la jurista.
Tanto la CPDH como el Colectivo Nicaragua Nunca Más funcionan en el exterior después de que sus directivos y activistas tuvieron que exiliarse por acoso y amenazas del gobierno.
Nicaragua vive una grave crisis política que estalló en abril de 2018 cuando policías y paramilitares reprimieron con violencia una revuelta social causando 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega rechaza las cifras de la CIDH y atribuye las protestas a “un fallido golpe de Estado” en su contra. También ha dicho que los obispos católicos apoyan a la oposición porque son “demonios con sotana”.
En noviembre el mandatario, de 76 años, fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a sus principales contendientes. Según la oposición, existen más de 205 presos políticos en distintos centros penales del país.
