Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, afirmó que los propietarios de inmuebles en Santa Fe no tienen nada qué temer ante la noticia que se expropiarán dos mil hectáreas en esa zona, acción que estaría a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) con base en leyes y reglamentos de la época del gobierno de Porfirio Díaz.
Por medio de una video en sus redes sociales, dijo que todo esto comenzó por una investigación para dar con el paradero de empresarios “ricos y poderosos” que se apropiaron de manera ilegal de terrenos en esa zona de la Ciudad de México; sin embargo, se notificó a más de 500 vecinos sobre esto.
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“Pero la notificación no señala los delitos que se imputan a la persona que recibe el aviso; no está dirigida a nadie, sino la propietario, poseedor u ocupante; no aclara en calidad de qué se cita a las personas, si como testigo o imputado; se solicitan documentos personales, además de que si no los llevan para acreditar la propiedad, los pueden multar con 28 mil pesos”.
Rubalcava mostró una parte de una entrevista que Miguel Leyva, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la FGR, tuvo con el periodista Ciro Gómez Leyva en la que se refiere a este caso, para aclarar las intervenciones del funcionarios federal.
Dijo que la investigación se lleva a cabo en contra de dos personas plenamente identificadas, por lo que no se trata de “terroroficar” a los habitantes de esa zona, pero el alcalde cuestionó que si es así, porque se ha alertado a más de 500 vecinos.
En otra parte de la entrevista, Leyva dijo que hay dos decretos, uno de ellos publicado en 1907 en el que se establece la apropiación de dos mil hectáreas como territorio de la nación y para beneficios ecológicos
“Quizá el fiscal quiso hacer referencia a las dos mil hectáreas reservadas de terrenos baldíos, no para expropiar, ese decreto emana de una ley de 1894 sobre ocupación y enajenaron de terrenos baldíos que en el articulo 21 dice: ‘El Ejecutivo Federal queda facultado para reservar temporalmente los terrenos baldíos que estime conveniente, para conservación o plantío de montes, reservación o reducción de indios o colonización en los términos que establezcan las leyes’”, explicó el alcalde.
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Aunque el fiscal afirmó que la antigüedad de la ley no hace que pierda su vigencia, ya que para eso se necesita una abrogación, por lo que las indagatorias para verificar la legal pertenencia de las propiedades sigue adelante.
Sin embargo, Adrián Rubalcava afirmó que la ley sí fue abrogada en 1951, además de que los propietarios ya cuenta con sus escrituras de los inmuebles, por lo que es ilógico demostrar de nueva cuenta la propiedad si ya cuentan con dicho documento.
En otra parte de la entrevista, Miguel Leyva dice que el área bajo investigación corresponde a 53 hectáreas, no a las dos mil que se dieron a conocer, de las que el gobierno se reservó la propiedad y ahí se asentaron en algún momento la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional de Fruticultura, el Instituto de Investigaciones Forestales (INIFAP), entre otros organismos.
Sobre esa extensión, el alcalde afirmó que las construcciones se hicieron en apego a los establecido en los reglamentos de la Ciudad de México, además de que otras hectáreas fueron vendidas por Servicios Metropolitanos, empresa del gobierno capitalino, a particulares.
“Pido a la fiscalía que informe a la alcaldía qué sucede para poder dar certeza a los vecinos de que sus propiedades no están en riesgo y no haya un problema social; la información debe ser individual sino a todos, incluidos, inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, entre otros.
“Santa Fe tiene certeza jurídica, las inversiones que se han hecho tiene seguridad legal, el propietario no debe preocuparse, a las intuiciones financieras les digo que sus créditos están a salvo, es un mal entendido que se resolvería pronto”, concluyó el alcalde.
