BOGOTÁ (AP) — Colombia continúa siendo un país peligroso para los líderes sociales. Entre enero y septiembre fueron asesinados 157 defensores de derechos humanos, reveló el viernes la estatal Defensoría del Pueblo.
Se trata de un incremento en los homicidios respecto al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 109 casos. La violencia se concentró, según la entidad, contra los líderes comunales e indígenas, con 83 casos, y en menor medida en los campesinos, sindicales, afrodescendientes y la comunidad LGBTI.
“Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas. Deben cesar todo tipo de acciones como verdaderas muestras de paz que exige el país”, señaló Carlos Camargo, el defensor del Pueblo.
El presidente Gustavo Petro, quien se posesionó en agosto, se propone abrir diálogos con diferentes actores armados ilegales con su ambiciosa política de “paz total”, para reducir la violencia en el país. En septiembre, el gobierno anunció que varios grupos armados como el Clan del Golfo decretaron un cese al fuego unilateral como muestra de voluntad de paz.
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explicó a The Associated Press que pese a que el gobierno inició acercamientos con algunas estructuras, hay bandas locales o grupos más pequeños que actúan por su cuenta.
El monitoreo de Indepaz da un número menor de víctimas en lo que va del año con 151 casos. Sin embargo, coincide con la Defensoría en que el 2022 ha sido un año más violento que el anterior para los dirigentes sociales.
El aumento en la cifra de defensores de derechos humanos asesinados demuestra, según González Posso, que el problema de la violencia en Colombia va mucho más allá de los grupos armados de alto impacto y que aún hay problemas de fondo como la disputa por el control del territorio, el narcotráfico y la minería ilegal.
El 81% de los homicidios ocurrió en municipios donde la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas —documentos dirigidos al Estado para pedir actuación inmediata—. Nariño, fronterizo con Ecuador, acumuló 23 homicidios, seguido de Cauca, al suroeste, con 19 y Putumayo, en el sur, con 15 más.
La ONU advirtió en un informe presentado en julio que entre el 2016 y el 2021 fueron asesinados en Colombia 562 defensores de derechos humanos.
En los últimos años se quebró la transitoria tranquilidad que vivieron los territorios tras la firma de un acuerdo de paz en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los otros grupos armados se expandieron especialmente en territorios donde operaba la antigua guerrilla.
