MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
En un comunicado, el departamento que lidera Teresa Ribera ha recordado que el informe, previsto en la Ley sobre energía nuclear, es el "resultado del análisis y toma en consideración de las alegaciones formuladas" en el trámite de información pública y de consultas al que se sometió la versión inicial del séptimo PGRR desde el 12 de abril hasta el 16 de junio.
El Plan General de Residuos Radiactivos contempla un escenario de referencia que incluye, entre otras cuestiones, el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.
También recoge el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto la de Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
En este punto, el plan da continuidad a las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento.
Además, se incluye la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados en los emplazamientos de las centrales para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo, junto con sus respectivas instalaciones complementarias o medidas adicionales para el mantenimiento de los contenedores del combustible gastado.
Al hilo, el plan también se hace eco del almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un Almacenamiento Geológico Profundo y, además, da continuidad a la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), para residuos de muy baja, baja y media actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales.
Una vez recibidos los informes, el Ministerio ha explicado que elaborará la propuesta final del nuevo plan, que se remitirá al órgano ambiental para que formule la Declaración Ambiental Estratégica. Finalmente, será aprobado por el Consejo de Ministros y se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos.
