QUITO (AP) — La cancillería ecuatoriana convocó el martes al embajador de Argentina, Gabriel Marcelo Fucks, para pedirle explicaciones sobre un presunto ultimátum dado por ese país para que Ecuador conceda un salvoconducto a la ex ministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte, a quien le otorgó asilo político.
En un comunicado, aseguró que Ecuador “rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico”.
Recordó que Duarte está condenada por actos de corrupción y adoptará una decisión en el marco del derecho internacional, las convenciones y la legislación ecuatoriana, que la dará a conocer “en su oportunidad”.
Argentina notificó del asilo a Ecuador a inicios de mes, tras lo cual las autoridades ecuatorianas deben suscribir un salvoconducto para que Duarte pueda movilizarse hasta el aeropuerto, lo que neutraliza la orden de captura que pesa sobre ella.
Duarte se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda entre los años 2007 y 2009, luego fue ministra de Inclusión Económica y Social de 2009 a 2010 y finalmente ministra de Transporte y Obras Públicas de 2010 a 2014.
En relación con su último cargo es que fue sentenciada a ocho años de prisión por del delito de soborno en un caso de aportes de campaña irregulares al partido de gobierno de entonces Alianza País por parte de empresas ecuatorianas e internacionales, incluida la brasileña Odebrecht.
La ex ministra ingresó a la residencia oficial de la embajada argentina, en el norte de Quito, en agosto de 2020 para evitar cumplir la sentencia de prisión. Fue acompañada de un hijo menor de edad cuyo padre es de ese país. Fue acogida por razones humanitarias, según se informó en esa época, y ha permanecido hasta ahora dentro del perímetro diplomático.
Duarte es parte de los altos funcionarios, incluidos ministros, el ex vicepresidente Jorge Glas y el mismo ex mandatario Rafael Correa (2007-2017), sentenciados por actos de corrupción, aunque ellos argumenta que son víctimas de una persecución política.
El expresidente, poco después de dejar el poder en mayo de 2017, se trasladó su residencia a Bélgica, de donde es originaria su esposa Anne Malherbe. Desde que fuera sentenciado a prisión en dos procesos penales en su contra -por el caso Odebrecht y por los aportes irregulares de campaña- no ha regresado a territorio ecuatoriano para enfrentar a la justicia ecuatoriana, aduciendo falta de imparcialidad del sistema de Justicia.
Bélgica le concedió asilo en abril de este año, un estatus que evita que sea extraditado a Ecuador.
