Sunak asegura que esta iniciativa migratoria es de "sentido común" y es apoyada por "la mayoría de la población británica"
LONDRES, 19 (DPA/EP)
El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado este lunes que la controvertida ley migratoria con la que el Gobierno británico busca enviar a Ruanda a solicitantes de asilo es legal.
Los jueces han desestimado los recursos que se presentaron en abril y que lograron en un principio el primer vuelo a Ruanda previsto para mediados de junio. Por otro lado, han fallado a favor de ocho solicitantes de asilo al considerar que el Gobierno británico había actuado mal en sus casos individuales.
En las vistas que se han ido celebrando desde entonces, los solicitantes de asilo junto a sus abogados han estado denunciando que este procedimiento no solo es ilegal, sino que además es "gravemente injusto" ya que corren el riesgo de ser expulsados sin acceso a asesoramiento jurídico.
A su vez, han alertado de que las condiciones que presenta Ruanda para acoger a estas personas no son las mejores debido a su pobre historial de respeto de los Derechos Humanos. "Torturan y asesinan a quienes considera sus opositores", denunciaron los abogados en una audiencia celebrada en septiembre.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también ha intervenido y expuso ante el tribunal que Ruanda no cuenta con los "mínimos" necesarios para sostener un sistema de asilo "fiable, justo y eficaz".
Por su parte, el Ministerio del Interior británico ha alegado que el acuerdo entre los gobiernos británico y ruandés cumple con todas las garantías de que estas personas recibirán el trato adecuado una vez lleguen al país africano, pudiendo acceder a los varios "programas de integración" previstos en un plan valorado en unos 120 millones de libras (137 millones de euros).
Tras conocerse la noticia, la ministra británica del Interior, Suella Braverman, ha insistido que el "innovador" plan migratorio que han firmado con las autoridades de Ruanda ayudará a las personas que han sido reubicadas a "construir allí" sus nuevas vidas al mimos tiempo que se combate a las mafias que comercian con ellas.
"Siempre hemos mantenido que esta política era legal y hoy la Corte lo ha confirmado", ha celebrado Braverman en un comunicado, en el que ha remarcado su "compromiso" para seguir adelante con este plan tan pronto como sea posible y defenderlo ante cualquier intento judicial de tumbarlo.
Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha celebrado la decisión de la Justicia británica, ya que esta iniciativa migratoria es "de sentido común" y es apoyada por "la mayor parte de la población".
"Celebro la decisión. Siempre hemos sostenido que nuestra política de Ruanda es legal y me complace que se haya confirmado hoy y que esta sea solo una parte de nuestro plan para abordar la migración ilegal", ha explicado, según ha informado el diario 'The Guardian'.
"NO EVITARÁ QUE HAYA GENTE QUE CRUCE EL CANAL"
Mientras, la oposición británica y organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han instado al Gobierno a renunciar a la iniciativa porque no impedira que sigan llegando migrantes a través del canal de la Mancha.
El plan es "impracticable", "inmoral" y "caro hasta niveles de la extorsión", según la portavoz de Interior del Partido Laborista, Yvette Cooper. "Es una dañina distracción de las acciones tan necesarias para perseguir a las bandas criminales y reformar el sistema de asilo", ha añadido.
Amnistía Internacional Reino Unido ha pedido "abandonar por completo" el plan de deportaciones y ha instado a la ministra del Interior, Suella Braverman, a "parar de jugar a la política con vidas de personas y centrarse en la importante labor de arreglar el desastrosamente disfuncional sistema de asilo".
Desde Cruz Roja, Christina Marriott, ha afirmado que "la deportación de seres humanos no debería formar parte de nuestro sistema de asilo". "De poco sirve para evitar que la gente arriesgue su vida para llegar a un lugar seguro", ha advertido antes de pedir rutas seguras para la migración.
Katy Chakrabortty, de Oxfam, ha advertido de que "solo porque algo sea legal no lo convierte en humano". "Tenemos que revertir esta bárbara política y crear rutas seguras y legales para quienes huyen del conflicto y la persecución", ha subrayado.
