MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Las medidas, denunciadas por los palestinos como "castigo colectivo", se impusieron en octubre de 2022, cuando Udai Tamimi, residente de Anata, disparó y mató a la militar israelí de 18 años Noa Lazar en un puesto de control a la entrada del campo de refugiados que, junto con partes de Anata, se encuentra dentro de los límites de Jerusalén.
El llamamiento ha sido realizado por la coalición de las Fuerzas Palestinas Nacionales e Islámicas (FLPN), un grupo formado tras la Segunda Intifada que suele comprender a organizaciones de todo el espectro ideológico palestino, entre ellas al movimiento Al Fatá de la Autoridad Palestina y al movimiento islamista Hamás.
Entre las medidas de desobediencia, el grupo pide a los palestinos que no vayan a sus lugares de trabajo en Israel, se nieguen a pagar impuestos a las autoridades israelíes y al municipio israelí de Jerusalén, y cierren los accesos a la carretera que conduce al puesto de control del campo de Shuafat y a Anata.
"La desobediencia civil surge como respuesta a los crímenes diarios del gobierno de ocupación israelí contra nuestro pueblo en Jerusalén y el resto de los territorios ocupados, incluidos asesinatos extrajudiciales, arrestos y demoliciones de viviendas", según el comunicado, recogido por la agencia palestina Wafa.
"También se produce en el contexto de las incursiones militares y policiales israelíes casi diarias en el campo de refugiados palestinos de Shuafat, en la Jerusalén ocupada, y en la ciudad contigua de Anata", añade la coalición.
La semana pasada, un niño de 14 años del campamento fue arrestado después de apuñalar y herir a un hombre israelí en la Ciudad Vieja de Jerusalén, según informaron en su momento las autoridades israelíes.
Desde entonces, la Policía israelí ha impuesto estrictas medidas de seguridad en el puesto de control, realizado redadas a gran escala en el campamento y en Anata y arrestado a decenas de residentes sospechosos de participar en actividades terroristas.
