MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El magistrado ha indicado que existe un "primer requerimiento" para que el exmandatario se entregue voluntariamente a la Justicia. Sin embargo, Toledo "ha decidido no ponerse a derecho" tras la notificación de extradición de las autoridades norteamericanas, ha detallado en declaraciones a la emisora RPP.
Según Vela, el expresidente "ha decidido cuestionar la decisión" estadounidense, alegando una apelación para proteger su derecho a la libertad.
"En ese argumento se niega a entregarse voluntariamente. Eso ha determinado que las autoridades norteamericanas le soliciten al juez que revoque la medida de arresto domiciliario y de fianza que tenía y procedan a detenerlo para su entrega", ha explicado el fiscal.
Además, Vela ha precisado que tiene que responder ante la justicia peruana "por los graves cargos que penden contra él, de lavado de activos, de colusión, de tráfico de influencias".
Por otro lado, el fiscal jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Alfredo Rebaza ha opinado que la decisión de otorgar la extradición a Toledo significa que existe "una decisión firme" sobre su vuelta a Perú.
Rebaza ha reconocido que la defensa del exdirigente del país podría presentar algún recurso en su intento por dilatar el proceso, aunque espera que el plazo no supere las ocho semanas.
La Fiscalía de Perú informó este martes de que el Departamento de Estado estadounidense había concedido la extradición a Toledo, indicando que estaba trabajando con las autoridades nacionales y extranjeras para la ejecución del traslado.
Las autoridades peruanas alegan que Toledo recibió sobornos de la empresa de construcción Odebrecht. Por su parte, el otrora presidente del país andino ha negado haber solicitado o recibido los sobornos a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica.
Sobre Toledo pesan varias acusaciones fiscales sobre delitos de colusión y lavado de activos. En noviembre de 2022 la Fiscalía peruana pidió 35 años de cárcel en el caso sobre el cuarto tramo de la carretera Interoceánica. Anteriormente se solicitó 20 años y 6 meses de prisión por los tramos dos y tres de la carretera Interoceánica; y 16 años y 8 meses por el denominado caso Ecoteva.
