BOGOTÁ (AP) — Por primera vez el Tribunal de Paz de Colombia imputó a 10 mandos medios de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado, así como otros 13 crímenes de guerra y lesa humanidad que incluyen asesinatos, desapariciones, ejecuciones y empleo de minas antipersonales.
La del miércoles es la primera imputación en el conocido como Caso 05 que investiga los crímenes cometidos durante cinco décadas de conflicto en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, dos departamentos ubicados en el suroeste del país donde operaba el Bloque Occidental de las FARC.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC en 2016, tiene abiertos 10 grandes casos en los que juzga a excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y civiles.
Al menos 18.677 niños y niñas fueron víctimas del reclutamiento forzado durante el conflicto armado en Colombia, según las cifras preliminares del Tribunal. Ese delito se investiga por separado en un caso que abarca a todo el país pero fue incluido dentro de las imputaciones realizadas el miércoles a los 10 exguerrilleros.
El Tribunal encontró que las FARC utilizaron el “reclutamiento como una estrategia político-militar como organización armada”, según el auto de imputación, especialmente desde fines de la década de 1990, con un “aumento significativo” desde 2011.
Antiguos máximos comandantes de las FARC han reconocido que la guerrilla reclutó a menores de edad a la fuerza, pero ha negado que se tratara de una práctica sistemática.
En la zona la mayoría de los menores de edad ingresados a las filas de la guerrilla eran indígenas o afrodescendientes, según versiones voluntarias de varios de los exguerrilleros. El excombatiente Efrén Núñez Pulido reconoció ante el Tribunal una política de ingreso de menores, entre ellos una “niña indígena menor de 15 años que después fue fusilada”.
Los menores, detalló el Tribunal, eran llevados mediante engaños y ofrecimientos económicos y muchas de sus familias perdían su rastro o luego recibían su cuerpo sin vida.
